Se debaten entre la esperanza de poder descansar sabiendo dónde está su hija y la rabia de sospechar que, en caso de que aparezcan sus restos mortales, los culpables de su muerte pueden seguir en libertad. La madre de Remedios Ludeña Gea, la joven desparecida en Santa Pola en 1991 con 19 años -cuyo cadáver busca la Guardia Civil estos días en un pozo ciego del barranco de Catarra tras haber recibido nueva información sobre el caso-, confesaba ayer que «tengo miedo de que aparezcan los restos de mi hija porque si ha prescrito y los culpables siguen en la calle va a ser un golpe muy duro». Su marido, Pedro, completa a su mujer: «Quisiera que apareciera viva o muerta, porque desde que desapareció mi hija no vivimos».

La familia de la joven que lleva 24 años en paradero desconocido sostiene que la Policía Judicial de la Guardia Civil ha retomado la búsqueda tras hablar con nuevos testigos después de que alguien del barrio se haya «atrevido» a hablar y contar «lo que vio» la noche que desapareció. El miedo, dicen, es lo que ha mantenido calladas a ciertas personas que, según los padres, pueden saber lo que ocurrió con su hija la noche del 19 de mayo de 1991, cuando la composición de las últimas hora en las que la vieron apunta a que estuvo con un hombre, a que la oyeron gritar en el barranco que hay junto al barrio y a que una o varias personas acabaron con su vida y la arrojaron a un pozo ciego que después, con los años, se ha rellenado de escombros y sellado.

El contenido de esos nuevos testimonios y las conclusiones que sacan los padres ante la incertidumbre (recordando en todo momento que la joven desapareció otra vez anterior, en 1989, secuestrada para ser llevada a Tarragona y presuntamente para ser prostituida y consiguiendo escapar) no son confirmados por la Guardia Civil, que continúa con las pesquisas con el hermetismo propio de una investigación.

La Comandancia de Alicante desvela sólo que ha recibido «varios indicios clave» y que a raíz de ellos ha retomado la búsqueda de la joven en un caso que nunca cerró. El Juzgado de Instrucción número 2 de Elche en funciones de guardia se ha hecho cargo de forma inicial, a expensas de que se decida si debe pasar a manos de otro juzgado. Mientras tanto, fuentes judiciales concretan que los delitos de mayor pena (como serían un hipotético homicidio o asesinato) prescriben a los veinte años desde la comisión de la infracción y que en caso de que se inicie un procedimiento contra alguien indiciariamente responsable, el plazo volvería a contar desde la paralización del procedimiento. Por ello, no concretan hasta conocer la causa al detalle si estaría prescrita, todo ello en caso de que se hallara el cuerpo sin vida de la joven, se pudiera determinar una causa de muerte violenta, datar el fallecimiento y poner nombre a los culpables. Son cuestiones que por el momento no se han dado, y es que la Guardia Civil insiste en que lo que está haciendo no es más que seguir una línea de investigación.

La inspección del pozo (de más de 15 metros de profundidad según los propietarios) se detuvo sin nueva fecha ayer hasta que se determine la mejor solución técnica para desescombrarlo sin riesgo de derrumbe y sin dañar pruebas.