La Plataforma de Afectados de Els Pontets, contrarios a la actual junta rectora, a la que han pedido en varias ocasiones la dimisión, consideran que son víctimas de una persecución por parte del Ayuntamiento que les ha llevado incluso a recibir una sanción por reunirse para atender a un medio de comunicación que pretendía grabar unas imágenes sobre su problemática.

En concreto, denuncian que uno de los socios ha recibido un acta de denuncia de la Guardia Civil por «la celebración de reuniones en lugares de tránsito público o de manifestaciones» aplicándoles la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana (a la que se refieren como Ley Mordaza) cuando, según mantienen no es cierto que hubiera más de 20 personas reunidas. De hecho, sostienen que el día 21 de agosto se encontraron menos de diez personas ante el Ayuntamiento de Crevillent para esperar a un equipo de la Sexta y que, sabedores de que desde el propio Consistorio se había dado parte a la guardia civil de que se encontraban allí, uno de los vecinos llamó al cuartel para informar de por qué se encontraban concentrados en aquel lugar.

Los afectados de Els Pontets que «esa llamada de buena fe fue utilizada por los agentes para rellenar el acta de denuncia y remitirla a Subdelegación del Gobierno para que se imponga una multa». Sin embargo, el vecino recibió días después en su casa la notificación, y ha recurrido a la Dirección General de la Guardia Civil exponiendo que «no se trataba de una reunión porque no eran más de 20 miembros, que se ha vulnerado el principio de presunción de inocencia porque los agentes no aportan prueba alguna y generan con ello indefensión al denunciado, y en tercer lugar que también se ha vulnerado el principio de tipicidad». En definitiva, el vecino solicita que se archive el expediente o se abra un periodo probatorio.

Los vecinos de Els Pontets insisten en que el 7 de mayo se les cortó el agua potable, que hasta ese momento habían estado recibiendo agua contaminada de la mina de los Suizos de Albatera (no apta para el consumo por su concentración de sales) y que pese a que pagan IBI urbano el Ayuntamiento se niega a darles una solución.

Mientras tanto, se encuentran con la necesidad de invertir grandes sumas de dinero para instalar depósitos o sin poder atender adecuadamente a familiares enfermos, llegando el Ayuntamiento al punto de limitar el caudal de las fuentes publicas para que no recojan de ellas agua.