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Crevillent

Abornasa anuncia un ERE para 43 empleados a la espera del necesario permiso ambiental

El gerente de la empresa asegura que es una decisión «de fuerza mayor»

Abornasa anuncia un ERE para 43 empleados a la espera del necesario permiso ambiental

La empresa Abornasa, situada en el término municipal de Crevillent y dedicada al tratamiento de residuos sólidos urbanos, ha comunicado a sus 43 trabajadores su intención de iniciar un expediente de regulación de empleo de extinción total.

La empresa dejó de recibir basura el pasado 24 de septiembre como consecuencia de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso número 1 de Elche que consideró que las instalaciones de Abornasa carecen de la autorización ambiental integrada (AAI) que concede la Conselleria de Medio Ambiente. En la sentencia se indicaba que sin ese permiso, la empresa no puede ejercer legalmente su actividad. El fallo anulaba el contrato de tratamiento y eliminación de residuos que el Ayuntamiento de Crevillent adjudicó a Abornasa en 2013 en respuesta a un recurso interpuesto por el grupo municipal de EUPV-ERPV.

A la espera de obtener el permiso ambiental requerido, Abornasa ha informado a la autoridad laboral de su intención de iniciar la tramitación de un ERE que no se puede demorar «por el deterioro patrimonial que supondría para la empresa el no hacerlo», ha explicado a este diario el gerente de Abornasa, José Bonmatí. Por este motivo, lo van a presentar como un «ERE de fuerza mayor», ya que es una medida que se tiene que adoptar «sí o sí». Asimismo, ha asegurado que el ERE se propone también «como medida para que los trabajadores no pierdan sus derechos laborales», a la espera de que se resuelva la situación legal de la empresa, y que si al final se resuelve de forma favorable «los trabajadores serán reincorporados a sus puestos de trabajo».

Sobre la pertinente autorización ambiental, Bonmatí ha apuntado que «están pendientes de contestación por parte de la Consellería», pues todavía no se ha pronunciado al respecto, aunque confía en que «resuelva más pronto que tarde el trámite». La empresa ha solicitado, además, una aclaración al juzgado de la mencionada sentencia, ha remitido un escrito a la Generalitat solicitando su opinión al respecto de la misma y ha encargado informes complementarios para avalar la legalidad de su actividad. Todo ello antes de lo que sería el próximo paso, recurrir la sentencia.

Por su parte, los delegados del comité de empresa mantuvieron ayer por la tarde una reunión con los trabajadores para informar sobre el inminente inicio del expediente de regulación de empleo. Según los delegados «el cierre de la planta de residuos el pasado 24 de septiembre fue una decisión unilateral de la empresa» que no se comunicó a los empleados. Desde entonces, apuntan que están trabajando en la planta, pero no en tratamiento de RSU.

Los trabajadores aseguran que «todos los grupos municipales del Ayuntamiento, excepto L'Esquerra, que fue quien interpuso la denuncia, nos apoyan, con el alcalde a la cabeza», y no las tienen todas consigo cuando se trata de que la Generalitat otorgue a la planta el permiso ambiental. Con la lógica preocupación en el cuerpo, los delegados afirman que «la empresa se ha comprometido a que los trabajadores vuelvan a sus puestos cuando se resuelva su situación legal».

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