Santa Pola declaró ayer el municipio como zona libre de desahucios ante los aplausos y los vítores de «sí se puede» de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca que ayer llenaron el salón de plenos del Ayuntamiento.
Por unanimidad, todas las fuerzas políticas de la villa marinera dieron luz verde a una moción conjunta, en la que ha colaborado el colectivo de Stop Desahucios, para hacer frente a un problema social que arrasa a miles de familias en todo el país.
Con ello, el Consistorio santapolero se comprometió a crear un registro municipal de viviendas destinadas a alquiler social, compuesto por viviendas municipales, viviendas cedidas por empresas, viviendas gestionadas por las entidades financieras de la ciudad y viviendas del fondo social de la vivienda.
Asimismo, el departamento creado ya por el Ayuntamiento de Santa Pola, compuesto por técnicos municipales (jefe de Servicio, abogada, trabajador social y Concejalía de Servicios Sociales) continuará con la elaboración del protocolo municipal donde esté establecido, como mínimo, el registro de solicitudes de personas o familias que solicitan ayuda alquiler social. En esta línea, el Consistorio también se encargará de reestudiar el baremo de alquiler social existente, que determine el porcentaje de ayuda a la cuota de alquiler.
Por otra parte, la iniciativa contempla las reuniones periódicas mensuales por parte de la concejalía de Servicios Sociales con los grupos políticos y representantes de los colectivos sociales del municipio (Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Cruz Roja, Cáritas, etc.).
Entre los puntos aprobados se encuentra también la necesidad de promover y facilitar, en los casos en que no sea posible su exención, el aplazamiento del pago de tasas e impuestos a las personas en riesgo de exclusión social por el riesgo de la pérdida de su vivienda.
Paralizar embargos
Otro de los compromisos adquiridos será gestionar con el organismo provincial de SUMA la paralización de embargos por impago de tasas e impuestos a aquellas personas en riesgo de exclusión social por riesgo de pérdida de su vivienda.
En este sentido, el Ayuntamiento acordó mediar con las empresas que proporcionan suministros básicos en la localidad (agua, electricidad, gas, etc.) que no corten el suministro mientras dure el riesgo de exclusión social, y negociar acuerdos de condonación, disminución y o aplazamiento de pago.
La solicitud al Servef de la importancia de priorizar el riesgo de exclusión social por desahucio en el baremo de evaluación de las personas que optan a los cursos remunerados de formación o de cualquier otro tipo que se organizan conjuntamente con el Ayuntamiento o la ADL es otra de las medidas aprobadas.
Así, la iniciativa contempla el compromiso de ampliar, dentro de lo posible, la dotación de viviendas sociales para casos especiales en la localidad.
Santa Pola solicitará al Consell promover la legislación sobre la función social de la vivienda que establezca la intervención necesaria de la Generalitat cuando se inicia el proceso de ejecución de una hipoteca, antes de que se produzca la orden judicial, evitando así un gran número de desahucios.
Y por último, el Ayuntamiento pedirá al Gobierno que introduzca los cambios legislativos respecto a los desahucios que eviten la pérdida de la vivienda y la consiguiente exclusión social de las familias.
