Crevillent se ha quedado sin la ordenanza municipal reguladora de antenas de telefonía móvil, elaborada hace dos años, después de numerosas reivindicaciones de los vecinos que demandaron controlar al máximo los dispositivos radioeléctricos en la localidad tras polémicas instalaciones.

Con ello, el municipio se verá obligado ahora a cumplir la Ley de Telecomunicaciones del Gobierno, que permite expropiar las azoteas para instalar estas infraestructuras, sin el permiso de los vecinos. Todo ello, mientras dure el tiempo en el que el Consistorio elabore una nueva normativa municipal en consenso con todos los grupos municipales, según el concejal de Vía Pública, Rafael Candela.

«La nueva ley es una declaración más abierta, más ligera y que permite montar antenas con mayor facilidad que hasta ahora. Con la nueva ordenanza llegaremos hasta donde podamos llegar en cuanto al control de la colocación de estas infraestructuras, pero no podemos contradecir la ley», explicó Candela.

Así, en un plazo estimado de cuatro meses, el Consistorio tratará de elaborar el texto y, posteriormente, informará a los vecinos para que se pronuncien.

Derogación

El alcalde, César Augusto Asencio, señaló que «la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, ha anulado la ordenanza municipal por la falta de un informe del Ministerio de Fomento que justificara esta normativa». En este sentido, según el responsable de la Corporación municipal, cuando se aprobó la ordenanza, todos los grupos políticos eran conscientes de que se estaba regulando la instalación de las antenas pudiendo con ello invadir competencias del Estado.

Asencio precisó que «así lo hicieron también otros ayuntamientos, porque si se consultaba al Estado su informe era que las ordenanzas no podía controlar ni regular aspectos técnicos que dependían del Ministerio, quien matiza que de haber pedido el informe, ello hubiera impedido aprobar la ordenanza que tanto vecinos como grupos políticos querían se llevara adelante».

Según el alcalde, la ordenanza ha estado regulando desde 2012 la instalación de antenas en el municipio y ha servido para dificultar y retrasar la aprobación de determinadas peticiones de antenas, que es lo que demandaba la ciudadanía.

Uno de los aspectos más destacados de la ordenanza era la medición de las emisiones y potencia de las antenas.