Los denunciantes que demandaron a la junta directiva de la cofradía La Dolorosa por repartir el premio de la lotería entre una parte de los socios han solicitado al juez que abra juicio oral después de casi cuatro años de conflicto.
Después de que los directivos recurrieran en enero para evitar un juicio tras la distribución de los cinco millones de euros que tocaron a la entidad religiosa en un sorteo de la Lotería Nacional, los demandantes todavía esperan que la Audiencia Provincial de un nuevo paso.
De hecho, los denunciantes presentaron también hace nueve meses un escrito de acusación contra la cúpula de la cofradía de la Semana Santa por apropiación indebida con el objetivo de sentar en el banquillo a los directivos de La Dolorosa, alegando que recibieron el dinero de forma legal y lo distrajeron para fines ilegítimos.
En este sentido, según el escrito al que ha tenido acceso este diario, los demandantes han pedido ocho años de cárcel para los directivos de La Dolorosa.
Los que han interpuesto varias denuncias ante los tribunales a lo largo de estos cuatro años han vuelto a resaltar que todo este procedimiento y cruce de demandas tienen como finalidad que la junta directiva devuelva el dinero repartido a las arcas de la cofradía de La Dolorosa para destinarlo a fines sociales.
Este extenso recorrido en los tribunales saltó en noviembre del pasado año cuando el juzgado de instrucción número 4 de Elche llamó a declarar a la junta directiva de la cofradía de La Dolorosa como presunta imputada de un delito de apropiación indebida.
Distribución millonaria
Cinco millones de euros fue la friolera cantidad que se ha convertido en la culpable de que unos 200 cofrades de Santa Pola se hayan visto enfrentados desde el 22 de enero de 2011.
Después de que la entidad religiosa ganara el premio, la junta directiva decidía por unanimidad crear una fundación benéfica para ayudar a los más necesitados del pueblo. Una determinación que está bajo el amparo de los estatutos de la cofradía, y en los que se plasma que «los beneficios obtenidos derivados del ejercicio de actividades económicas se destinarán exclusivamente al cumplimiento de los fines de la cofradía, sin que quepa en ningún caso su reparto entre los cofrades».
Sin embargo, ante la crisis económica y la necesidad de los socios, los directivos decidieron repartir el dinero entre 157 cofrades, sin contar con una treintena de personas.
La distribución de esa lluvia de millones fue el punto de partida que encendió a los que se habían quedado fuera. Según apuntaron desde la cofradía, el requisito para recibir el dinero era que los miembros acreditaran que llevaban las cuotas al día y los que no recibieron el dinero no cumplían con los pagos. Pero los denunciantes aludieron «que la tesorera no emitía ningún recibo cuando se pagaban las cuotas y que nunca recibieron ningún documento en los que se les acreditara que les habían dado de baja como socios».
