El pleno municipal de Crevillent debate hoy la propuesta del equipo de gobierno del PP, de César Augusto Asencio, de reabrir el expediente disciplinario contra el exinterventor municipal de Crevillent, y que actualmente está en el consistorio de Orihuela, Fernando Urruticoechea.

Un asunto que llega caliente y con más apoyos de los que se preveía en un principio, ya que pese a que los grupos de la oposición crevillentina por el momento se abstienen (PSOE y Compromís) o rechazan el proceso (Esquerra Unida-Esquerra Republicana), los que sí que se han pronunciado a favor son los representantes de los trabajadores del Ayuntamiento de Crevillent, mientras que los de Orihuela confiesan «estar sufriendo el dudoso modo de proceder del habilitado nacional».

El expediente que llega hoy al pleno es el segundo que Asencio prepara contra Urruticoechea debido a que el primero caducó sin resolver. El mismo contiene 63 folios y 175 documentos en los que se pone en conocimiento procedimientos que son dudosos para el equipo de gobierno y que respaldan todos los colectivos de trabajadores con representación en el Ayuntamiento de Crevillent, que votaron de forma unánime abrir el proceso durante la comisión de Gobernación y Régimen Interior.

En este segundo expediente, el alcalde pide a la administración autonómica, que es la que gestionará el mismo, que el instructor que se nombre no sea otro interventor para evitar una situación de «amiguismo corporativo», como apuntó que ocurrió con el primer proceso.

En Orihuela los sindicatos que componen el comité de empresa, y que son UGT, CCOO, SPPLB y CSIF, ha mostrado públicamente su malestar con el trabajo de Fernando Urruticoechea apuntando que «tarde o temprano hará que se resientan los servicios a la ciudadanía ya que este hace más de interruptor que de interventor». Los representantes sindicales de Orihuela manifiestan que desde su llegada «se vienen produciendo determinadas situaciones que lejos de ser propias de un funcionario público, obedecen a acciones propias de alguien que necesita alimentar su ego personal y mediático», a la vez que aseguraron que «si sus funciones son las de control y fiscalización, se está extralimitando e intentando cambiar todo lo que él considera, según su criterio, que es legal, imponiendo sus formas sin explicar cuáles son los nuevos criterios a seguir de forma clara y no de forma voluble y caprichosa».