Un juzgado de primera instancia de Murcia ha condenado al abogado murciano José Luis Mazón a indemnizar con 30.000 euros al registrador de la propiedad que sustituyó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su puesto de Santa Pola por intromisión ilegítima en el derecho al honor del demandante. La sentencia estima parcialmente la demanda presentada por el registrador Francisco Gaspar Riquelme, que había reclamado una indemnización de 100.000 euros. La resolución judicial pondera las declaraciones hechas por Mazón a dos medios informativos en las que se vertían afirmaciones respecto a los términos en los que se realizó ese relevo en el registro de la propiedad alicantino.

Tras la valoración de la prueba practicada, en esa ponderación del derecho al honor de Riquelme y de la libertad de expresión de Mazón, el juzgado estima la prevalencia del primero «por el manifiesto descrédito al que su integridad personal y profesional se vio sometida por las opiniones del demandado». Añade la sentencia que en una de las manifestaciones analizadas «se refleja la sospecha del demandado de que Rajoy y Riquelme, unidos por una amistad, pudieron llegar a un acuerdo para que el segundo constara como registrador de Santa Pola además de serlo en Elche, pero el primero siguiera percibiendo parte de su sueldo».

Mazón ha mostrado su discrepancia con la sentencia y ha anunciado que la apelará ante la Audiencia Provincial de Murcia, además de señalar que sus palabras, pronunciadas en enero de 2012, «no tenían ninguna carga de animosidad o de injuria».

El letrado manifestó sus «sospechas» de que hubiera «un apaño» entre Mariano Rajoy y Francisco Gaspar Riquelme, sugiriendo que el primero podría seguir cobrando parte de su salario por su plaza en virtud de un hipotético acuerdo con el segundo, lo que además supondría una incompatibilidad con el cargo de presidente del Gobierno. El titular del registro de la propiedad de Elche, por su parte, explicó que su nombramiento como registrador interino había sido acordado por la Dirección General de los Registros y del Notariado y que el presidente del Gobierno se encuentra en servicios especiales, con la plaza reservada y sin cobrar ningún emolumento por ello.