La síndica de EUPV en Les Corts, Marga Sanz, y la diputada autonómica de Compromís Mireia Mollà han pedido hoy la comparecencia "urgente" de la consellera de Educación, María José Catalá, en la Cámara autonómica para que dé explicaciones por el accidente ocurrido en un colegio de Santa Pola.

En este percance, nueve niños y una profesora han resultado con contusiones leves tras hundirse el suelo de una aula del colegio Hispanidad.

La síndic de EUPV ha pedido en un comunicado a la consellera de Educación que comparezca "de urgencia" para que dé explicaciones por estos hechos, que ha considerado "gravísimos".

Sanz ha opinado que "las infraestructuras educativas" de la Comunitat "se están cayendo literalmente a trozos por la falta de inversiones".

Por su parte, la diputada autonómica de Compromis, quien ha solicitado también la comparecencia "urgente" de la consellera de Educación en Les Corts por lo sucedido, ha afirmado en una nota que el "colegio Hispanidad es un centro que fue construido en los años setenta y en el que nunca se ha llevado a cabo ninguna reforma estructural"

"Las únicas obras que se han realizado se han circunscrito a actuaciones menores, como la reforma de los baños", según Mollà.

El Gobierno valenciano ha acordado por la vía de urgencia la puesta en marcha "con carácter inmediato" de un plan de diagnóstico y revisión técnica de los centros escolares públicos, después de que el hundimiento del suelo haya provocado diez heridos en el citado colegio.

Así lo ha anunciado, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, el vicepresidente, José Císcar, quien ha explicado que el objetivo de este plan "preventivo" es "detectar posibles deficiencias que pudieran existir" en estos centros y ha indicado que se empezará por "los más antiguos".

El plan contempla que, en colaboración con los ayuntamientos, se planificarán intervenciones singulares de acondicionamiento y mejora de las infraestructuras de los centros educativos para mejorar la seguridad en edificios e instalaciones y garantizar así la prestación del servicio público educativo en condiciones adecuadas, según informa el Gobierno valenciano en un comunicado.