El registrador de la Propiedad Francisco Gaspar Riquelme Rubira, que en marzo de 1990 sustituyó al hoy jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, en el Registro de Santa Pola, ha reclamado una indemnización de 100.000 euros al abogado José Luis Mazón por unas manifestaciones hechas por el letrado sobre la forma en que se hizo el relevo y que el demandante considera que atentan a su derecho al honor.

El juzgado de Primera Instancia número Cuatro de Murcia, en una resolución, ha citado para el 3 de mayo próximo a Riquelme y a Mazón, al estimar la comparecencia para el acto de conciliación solicitada por el primero. En la demanda del acto de conciliación se indica, según Efe, que en enero pasado dos publicaciones se hicieron eco de las manifestaciones hechas por el letrado murciano, "en las que se contiene una serie de declaraciones carentes de fundamento, gravemente atentatorias contra los derechos al honor, la intimidad y la propia imagen".

En las citadas declaraciones, el abogado José Luis Mazón revelaba que había presentado una "denuncia" ante la Oficina de Conflicto de Intereses del Ministerio de la Presidencia contra Mariano Rajoy "por la supuesta incompatibilidad de su cargo como presidente del Gobierno y su cargo como titular del Registro de la Propiedad de Santa Pola".

El demandante, que también es responsable del Registro de la Propiedad número 1 de Elche, considera ofensivos los comentarios del abogado referidos a un supuesto acuerdo entre ambos registradores (él y Rajoy), lo que rechaza al señalar que su nombramiento como registrador interino fue acordado por la Dirección General de los Registros y del Notariado y publicado en el Boletín Oficial del Estado. Concretamente, el acuerdo, publicado el 24 de marzo de 1994, señalaba que el mismo se adoptaba al haber pasado Mariano Rajoy a la situación de servicios especiales, reservándole la plaza.

Riquelme Rubira ha pedido que en el acto de conciliación el demandado se avenga a reconocer ser el autor de las manifestaciones publicadas en los medios y que las mismas suponen una intromisión ilegítima en su derecho al honor, además de comprometerse a pagarle una indemnización de cien mil euros (que destinará al 50% a Cáritas y a la iglesia San José de Abanilla en caso de ser el fallo favorable al demandante).

Igualmente, el actual registrador de la propiedad de Santa Pola solicita que el abogado murciano se retracte de sus afirmaciones y se avenga a publicar en los mismos medios de comunicación social la certificación que extienda el juzgado sobre lo que se acuerde en el acto de conciliación.

"Sólo he dicho que sospecho de un apaño"

Riquelme aseguró ayer que había decidido presentar una demanda civil por el daño al honor y a la imagen que las manifestaciones del letrado murciano estaban causando a su persona "con el objetivo de que se repare el daño". El registrador de Santa Pola recordó que Rajoy, al igual que le ocurriera a Garzón o al exministro Camacho, "tiene una reserva de plaza pero sin recibir emolumento alguno. La plaza recayó en mí porque me correspondía y soy el registrador accidental permanente tal y como contempla el artículo 552 del reglamento hipotecario y el 287 de la ley hipotecaria". Riquelme sugirió que, tal vez, las declaraciones de Mazón respondan a un deseo de notoriedad y que lo que espera del acto de reconciliación es que se retracte. Por su parte, el abogado José Luis Mazón, que también es miembro del partido político Soberanía de la Razón, aseguró ayer que "debe haber un pacto oculto entre Riquelme y Rajoy porque únicamente se le puede reservar la plaza si cobra una parte de los honorarios, cosa que el presidente del Gobierno siempre ha negado". Por ello, Mazón acudió a la Oficina de Conflicto de Intereses del Ministerio de la Presencia, "un órgano que dirige una persona afín a Rajoy y que evidentemente no me aclaró nada". Mazón insistió en que lo único que ha manifestado públicamente, haciendo uso de su derecho a denunciar anomalías en los poderes públicos, es decir que tenía sospechas "de un apaño".M. J. M.