El mando de la Comandancia de la Guardia Civil de Santa Pola que instruyó el atentado de ETA en Santa Pola declaró ayer en la primera sesión del juicio ante la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que "la hora elegida para atentar (las 20.15 horas) era propicia para obtener efectos devastadores".

Hasta mañana se prolongará la vista de los etarras Andoni Otegi y Oscar Zelarain, para los que el fiscal pide 1.180 años de cárcel, por hacer explosionar un coche bomba junto al cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola el 4 de agosto de 2002 que acabó con la vida de la niña santapolera de seis años Silvia Martínez y el vecino de Torrevieja Cecilio Gallego, además de causar 55 heridos.

"Siendo el mes de agosto, siendo verano y una zona de costa, era una hora propicia para causar mucho daño tanto en el cuartel como en la parada de autobús de enfrente", recordó el instructor de las diligencias de la Benemérita antes de subrayar que era, además, una zona de paso de vehículos.

Asimismo, el agente que realizó la inspección ocular del lugar admitió que, "para lo concurrido que era, poco pasó", tras lo que explicó que ese cuartel "pasaba bastante desapercibido y estaba formado por cinco edificios, cuatro de ellos de viviendas, en las que había más de 20 casas".

Según explicaron los miembros del instituto armado, el Ford Escort cargado con 100 kilos de explosivo fue colocado para que la deflagración, que provocó un cráter de entre tres y cuatro metros de diámetro y dos palmos de profundidad, afectara de lleno a las 20 viviendas que había en el edificio.

Además, varios trabajadores y clientes del camping Bahía de Santa Pola, en el que los etarras se hospedaron antes del atentado, así como el dueño del establecimiento que les alquiló el ciclomotor que utilizaban para sus desplazamientos han ratificado las declaraciones en las que les identificaron sin género de dudas. "Hablaban de una forma extraña. Lo que estuvieron comentando no era castellano pero tampoco dije que fuera alemán", dijo el propietario de la tienda.

El fiscal Miguel Ángel Carballo sostiene en su escrito provisional de acusación que los dos etarras se alojaron entre el 28 de julio y el 4 de agosto de 2002 en las instalaciones, situadas apenas a 400 metros del lugar del atentado. Tras su detención en Francia, se les ocupó una cinta de vídeo en la que aparecían imágenes y fotografías de las viviendas atacadas, así como la documentación falsa que habían utilizado.

Negativa a hablar

Por otro lado, el etarra Andoni Otegi, que tras el anuncio del cese definitivo de la violencia de ETA en octubre de 2011 aseguró que eran "tiempos de soluciones", no reconoció ayer al tribunal que lo juzga y se negó a declarar.

"Este tribunal no tiene legitimidad para juzgar la lucha del País Vasco y no voy a formar parte de él", manifestó Otegi, quien desde ayer es juzgado junto a su compañero del "comando Argala" Oscar Zelarain, que también se negó a declarar.

Ambos etarras fueron los primeros terroristas juzgados tras el anuncio del cese definitivo de la violencia hecho por ETA y en ese juicio, celebrado el 27 de octubre de 2011, el primero manifestó que "son tiempos en los que esto (el conflicto) se tiene que solucionar", tras lo que tampoco reconoció al tribunal.

Un año antes, en septiembre de 2010, Otegi había pedido "facilidades" para que se "terminara con la negación y el sufrimiento de todos estos años para superar el conflicto político". Su actitud cambió, no obstante, en noviembre pasado cuando se negó a hacer nuevas valoraciones sobre la situación política en el País Vasco en un juicio en el que compartió banquillo con el exjefe militar de ETA Javier García Gaztelu, "Txapote".

Por su parte, sí declaró ayer el presunto etarra Juan Carlos Besance Zugasti, quien aseguró que "inculpó a los dos acusados en el atentado después de que la Guardia Civil lo torturara y le obligase a estudiar el contenido de su declaración".

En la calle la portavoz de Voces contra el Terrorismo (VcT), Mamen Álvarez, solicitó que "se haga justicia", que se cumplan "íntegramente las penas" que se impongan a los acusados "del primer al último día" y que "ni el Gobierno ni nadie les conceda beneficios penitenciarios".