Las empresas de telefonía móvil recurren la nueva ordenanza

JOSÉ A. MAS La Asociación de Operadores de Telecomunicaciones, Redtel, ha presentado alegaciones contra la nueva ordenanza municipal reguladora de la Tasa por la Utilización Privativa o el Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local. La entidad, que aglutina a operadoras de telefonía como Telefónica, Vodafone, Ono y Orange, ha presentado las alegaciones contra la nueva ordenanza que el Ayuntamiento de Crevillent aprobó provisionalmente el pasado 29 de junio.
Las alegaciones de Redtel contra la nueva ordenanza municipal se basan en tres reclamaciones principales. En la primera, consideran que "nos hallamos ante una actividad que ya contribuye a las arcas municipales por la vía de otro tributo, el Impuesto de Actividades Económicas". El según motivo por el que se oponen a la ordenanza es que "las empresas prestadoras de servicios de telefonía móvil se hallan gravadas por el Estado por la utilización del dominio público que utilizan (el espectro radioeléctrico), a través de una tasa por reserva del dominio público radioeléctrico, regulada por la Ley 32/2003, del 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones".
Por último, Redtel considera en sus alegaciones que "existe un defecto o ausencia de acomodo al ordenamiento jurídico, en tanto que la creación, el mantenimiento, y la gestión de la tasa es contraria al texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) vigente". Según la Asociación de Operadores de Telecomunicaciones, en la normativa se "establece expresamente en su artículo 24.1 que no se incluirán en el régimen especial de la cuantificación de la tasa los servicios de telefonía móvil".
La ordenanza de Crevillent pretende gravar a las operadoras de telefonía la red de cable e instalaciones anejas en suelo, subsuelo y vuelo, utilizadas por las compañías de telefonía móvil en su interconexión con la telefonía fija. En definitiva, el Ayuntamiento de Crevillent quiere reequilibrar la pérdida recaudatoria que a lo largo de los años se ha producido, por el trasvase de las comunicaciones de teléfono fijo al móvil. Algo que en términos económicos se puede cifrar en unos 120.000 euros de pérdida, sólo en el último año.