Con la autoría no se juega

Músicos, escritores y artistas plásticos alicantinos defienden sus derechos como autores en pleno debate sobre las medidas que blanden las sociedades de gestión para garantizar la supervivencia de la creación artística ante la piratería

POR ANDRÉS VALDÉS Derechos de autor

"España va camino de convertirse en un páramo cultural si no se actúa contra la piratería". Esta sombría afirmación de un vicepresidente de Universal, Rob Wells, puede resumir el fatalismo que se ha hecho explícito en la presentación de las cifras anuales de la industria musical. En 2009 la venta de música en España cayó un 17% respecto a 2008, según datos la Federación Internacional de la Industria Discográfica (IFPI, en sus siglas inglesas) avalados por su sección española, Promusicae.
Lo que acaban de leer no es un texto elaborado por este periódico, sino un plagio de un artículo publicado en la edición online de El País el 21 de enero de este año. Copiar, pegar y reproducir. La posibilidad de que el autor controle esta apropiación ilegítima de su trabajo es mínima. Cada día, este procedimiento se reproduce millones de veces. No sólo en artículos de periódicos impresos o digitales, sino que se realiza con libros, películas, discos y todo tipo de imágenes. Los autores contemplan impotentes como terceras personas se apropian de su trabajo y lo difunden sin su permiso. En muchos otros, son espectadores pasivos de un negocio en el que ellos aportan la materia prima y el capital, pero no ven ni un euro del reparto de beneficios.
La mayoría de artistas sostienen esta tesis, especialmente los músicos y productores musicales. La beligerancia de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) por combatir la piratería con el canon digital -son los más afectados por la venta masiva de copias -les coloca al frente de las reivindicaciones por los derechos de autor. Pero no son el único colectivo que tiene algo que decir sobre la vulneración de la propiedad intelectual. Escritores, artistas plásticos y hasta coreógrafos tienen su propia problemática (y ventajas, todo sea dicho) con la difusión de contenidos en la red y el uso del trabajo de otros.
El Ministerio de Cultura recoge en su web que la propiedad intelectual "es el conjunto de derechos que corresponden a los autores y a otros titulares (artistas, productores, organismos de radiodifusión...) respecto de las obras y prestaciones fruto de su creación". Ese derecho se articula mediante el texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. ¿En qué se traduce este texto? Luis Ivars, compositor alicantino de bandas sonoras y socio de SGAE, explica que "si no fuera por esta ley, cualquiera podría recopilar canciones de Coldplay, Shakira o incluso Mediterráneo y venderlas como suyas". Al final, de lo que trata el ordenamiento jurídico es de que el propietario de un bien inmaterial pueda protegerlo con las mismas garantías que tiene un terrateniente para guardar un solar o una finca. "Esta canción es tan mía como mi moto o mi casa".
Las sociedades de gestión de derechos son ocho en España, y aglutinan a todos los gremios de autores e intérpretes. La mayoritaria es la SGAE (con cerca de 100.000 miembros en el país y 1.672 asociados de origen alicantino), pero en España y en Alicante hay otras tres que velan por los propietarios intelectuales, como es CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) para los escritores y VEGAP (Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos) para profesionales de la fotografía, la escultura y disciplinas similares. Tienen, por ley, el derecho a cobrar a una emisora de radio por emitir una canción de sus socios, a las bibliotecas públicas por permitir fotocopias de libros de sus asociados o a una revista o periódico por reproducir las esculturas de sus miembros.
El debate sobre el derecho de autor es tan antiguo como la creación artística, al igual que la necesidad de agruparse para defender un interés común (La SGAE es ya una sociedad centenaria). También tienen siglos de historia la piratería y las respuestas estatales para combatirla. Las copias de álbumes tampoco nacieron ayer -muchos de los que hoy las persiguen guardan casetes piratas de mercadillo en el baúl de los recuerdos-. Pero aquellos piratas de agua dulce que trapicheaban con copias en cinta o VHS a pequeña escala -un mal menor para la pujante industria audiovisual en los 90- han mutado salvajemente en los últimos diez o doce años en mafias internacionales gracias a Internet y a la lentitud de la ley para adaptarse al nuevo escenario. Ya son una infección muy grave en la industria del espectáculo.

Medidas desesperadas: El canon digital
Las cifras son objetivas: la industria musical en España ha perdido más del 60% de su valor en los últimos nueve años, el Caucus de Lucha Internacional contra la Piratería ha marcado a España como el quinto país con mayor número de descargas ilegales del mundo. Y ya hay corporaciones audiovisuales que han amenazado con dejar de exportar a nuestro país si no se toman medidas eficaces. "Internet y la piratería han provocado la desaparición del 70% de los puestos de trabajo en la industria musical española en los últimos años. No hay dinero para pagar a cazatalentos, delegados de discográficas y personal de administración", apunta Luis Ivars, compositor de bandas sonoras alicantino y socio de SGAE desde 1978. Como antaño, los comerciantes recurren al gobernante para poder luchar contra los de la calavera a cañonazos.
En aquellas refriegas portuarias para limpiar nidos de piratas había bajas civiles. En la aplicación del canon digital español, también. La polémica medida, en vigor desde el año 2006, determina que por la venta de cada CD grabable, escáner, reproductor MP3, memoria USB o grabadora de cualquier tipo, los fabricantes deben pagar forzosamente una cantidad a las sociedades de gestión en compensación por los perjuicios que les causa el uso de estos soportes para piratear sus obras. Ni la SGAE y sus socios, principales beneficiarios del reparto de ingresos que va a producir esta tasa, han puesto en duda que van a ser los consumidores quienes van a terminar pagando este gravamen. Otra queja extendida es que el canon trata a cada comprador como un ladrón en potencia y por ello debe pagar por adelantado la posible comisión del delito. Hace dos semanas, la abogada general del Tribunal de Justicia de la UE calificó de "indiscriminado" el canon digital en España y puso en duda su legalidad.
"Es probable que no sea justo", admite José de Eusebio, compositor afincado en Alicante, ganador de un Grammy y también asociado de SGAE, "pero cuando se establecen medidas de este tipo hay que hacer baremos generales". Carlos Gómez, batería del grupo alicantino El Pacto y miembro de la entidad gestora desde 2005, comparte la opinión de De Eusebio sobre la tasa: "es una solución, pero desde luego es mala". También Ivars coincide en que "no es una medida cien por cien justa, pero sí lo es en un amplio porcentaje", explica, en referencia al "estudio exhaustivo del Ministerio de Cultura "que demuestra que sólo el 20% de los CDs vírgenes se utilizan para uso personal". El gravamen se basa en esta estadística, que ya supone a la SGAE más beneficios que la suma de las ventas de discos de sus socios.
"La idea del canon no nace con Internet, ya se aplicaba en casetes y cintas VHS desde el año 1987, cuando se recoge esta figura en la Ley de la Propiedad Intelectual. Y nadie protestó en su momento", mantiene Ivars, quien añade que "ahora las copias son masivas y su difusión facilísima". La razón de esta "agria polémica" está en que "antes se hacían copias, pero es que ahora son clones de tu trabajo", en opinión de De Eusebio. "Como no es posible pedir permiso a los autores para realizar copias privadas uno a uno y es imposible controlar que se tuesten CDs para el top manta, se ha establecido una cuota de compensación", resume el compositor de cine, para evitar lo que Gómez cree que sería "el fin de la música profesional". "No hay dinero para hacer discos, menos para invertir en artistas nuevos y nadie puede pagar cachés altos para hacer conciertos importantes", concluye el batería.
Además, en opinión de Ivars, el reparto de dividendos del canon entre los socios de SGAE se hace en proporción a las ventas de cada uno. Pero ¿no deberían rechazar el canon quienes apliquen dispositivos anti copia en sus discos? "Los anticopias DRM (Digital Rights Management) son absurdos. A las dos semanas un hacker los revienta. Ya no se usan" sentencia Ivars. Pagan pocos justos por muchos pecadores, para que no desaparezca la industria.
Otra de las misiones de la SGAE es recaudar por cada reproducción pública de las obras de sus asociados. Sí, incluidos los conciertos benéficos. "Es su obligación hacerlo si el autor de la música no rechaza el cobro. ¿Por qué es tan fácil entender que Unión Fenosa cobre por la luz del concierto y que el de la barra y los montadores se lleven su parte; y sin embargo es cruel que el músico no renuncie a su derecho? Además, si a mi me piden permiso, yo lo voy a ceder siempre. Pero lo contario es robar", resume De Eusebio.

CEDRO y los escritores
Mucho menos ruido organizan sociedades como CEDRO, que vela por que sus socios perciban los derechos de autor en forma de ingresos por reproducciones de sus obras, en este caso en forma de fotocopias de textos. Pero, todo sea dicho, la incidencia de la piratería sobre sus ingresos es una anécdota en comparación con otros colectivos. José Luis Ferris, escritor alicantino galardonado con el premio Málaga de novela 2010 por su libro El viaje de Whitman, pertenece a CEDRO y percibe liquidaciones anuales por los derechos reprográficos. "Es una cantidad importante, que se cobra en función de lo que publiques, del número de obras tuyas que haya en circulación. Puede llegar a sumar hasta 1.500 euros anuales", apunta el literato, quien explica que el gravamen de su sociedad es una suerte de canon "que también se cobra directamente a las empresas que puedan beneficiarse de la reproducción ilícita". "Es una gestora pequeña, que tiene pinta de serlo aún más en el futuro. Ha habido un especie de llamamiento a la rebeldía de muchas copisterías a negarse a pagar el canon reprográfico", matiza Luis Leante, novelista ganador del premio Alfaguara residente en la provincia.
Para él, el control del cobro de derechos en CEDRO es más laxo que en otras sociedades. "Me liquidan por las posibles fotocopias que se puedan haber hecho de mis libros en sitios donde se sepa que estén. Es decir, me pagan por la UA, pero no cobro por la Universidad de La Rioja si su biblioteca no tiene obra mía", aclara el novelista, para quien el derecho de autor que reclama CEDRO es quizá más "institucional". Hacen menos ruido, pero recogen muchas menos nueces.
El principal interés de un escritor por percibir sus derechos se encuentra en las ventas de libros. Ferris, Leante y la mayoría de autores vinculados a grandes editoriales perciben un primer pago en concepto de adelanto por los derechos que generen las ventas de una primera edición. "Si se agota y se reedita, cobras entre un 7% y un 10% de cada ejemplar". La pillería de algunas editoriales, que reeditaban libros sin informar al autor de esta segunda impresión para evitar pagarles los derechos en segunda ronda, ha derivado en que ahora es el impresor quien certifica las tiradas al propio escritor para evitar tentaciones al intermediario.

Artistas plásticos y coreógrafos
También se apoyan en sus sociedades escultores como Arcadio Blasco, quien recientemente recurrió a VEGAP para "que se encargaran de atropellos como el que he sufrido", apunta el escultor, en relación al deterioro que su obra El pescador ha sufrido en El Campello al no respetarse las condiciones para las que fue construida. Del derecho moral que pesa sobre las obras de arte -"si no se protegiera cualquier caprichoso podría comprar un Velázquez y quemarlo", según Blasco- y de cuestiones como "cobrar los intereses que devienen de que un libro de arte reproduzca obra mía". Blasco ingresa 5.000 euros anuales por este concepto. Mira Bernabéu, artista aspense residente en Valencia, utiliza la fotografía y el vídeo para sus obras y es también socio de VEGAP. "A mí me interesa que mi obra se reproduzca lo máximo posible. Sólo pido que se haga con permiso y con rigor en las fichas técnicas".
Otros colectivos, como los coreógrafos, por ejemplo, encuentran verdaderos problemas para realizar su trabajo de manera legal. "Registras un espectáculo, una combinación de pasos y movimientos tuyos. ¿Qué ocurre cuando aparece el músico y te reclama mil euros por reproducir su canción?", apunta Asun Noales, bailarina y coreógrafa ilicitana.
En definitiva, a la hora de pelear por la propiedad de cada uno no existen distinciones ideológicas. Tampoco las hay entre quienes deciden apropiarse de lo ajeno. "Mientras exista la posibilidad de conseguir algo gratis, siempre habrá quien invente excusas para evitar pagar", concluye Leante.