LOS RECURSOS HÍDRICOS

El Déficit estructural DEL AGUA EN LA PROVINCIA

Nos encontramos en un tiempo de encrucijada e incertidumbre. Es necesaria una conjunción de soluciones, entre ellas necesariamente los trasvases de otras cuencas

27.10.2016 | 11:04
Tuberías del trasvase Tajo-Segura.

La aridez define climáticamente el Sureste peninsular. Las escasas precipitaciones registradas son además poco eficaces, dado que a menudo son de fuerte intensidad y las aguas circulan rápidamente hacia el mar. La insolación y la persistencia de los períodos de sequía favorecen una elevada evapotranspiración potencial. Todos estos factores hacen que la garantía del suministro, tanto para los usos agrarios como los urbanos, sea un reto de difícil consecución en estas tierras. Ambos condicionantes, baja precipitación y elevada evapotranspiración potencial, producen, junto a otros factores, que la provincia de Alicante se encuentre en gran medida bajo unas condiciones de escasez estructural. En este sentido, la falta de agua ha sido y en buena medida continúa siendo un factor limitante para el crecimiento y el desarrollo económico de la provincia de Alicante.

En la provincia de Alicante la disponibilidad de recursos de agua, la gestión de la demanda y la planificación hidrológica tienen como referencia básica la división administrativa que establecen las confederaciones hidrográficas del Júcar y del Segura. Condicionantes climáticos e hidrográficos explican la penuria natural de recursos hídricos existente en esta provincia. Una penuria que se ha visto intensificada por el crecimiento de la demanda producido durante la segunda mitad del siglo XX. Los usos están dominados por el consumo agrícola y por el progresivo crecimiento de los abastecimientos urbano-turístico.

La situación de escasez estructural es evidente en la provincia. Las demandas totales de la provincia de Alicante ascienden a unos 1.300 hm3, mientras que la totalidad de los recursos disponibles, sin contar la sobreexplotación de acuíferos, asciende a 655 hm3. Tenemos por tanto un déficit estructural de 645 hm3, que se agudiza en épocas de sequía como viene sucediendo desde el año 2014 hasta la actualidad, cuando ese déficit alcanza cifras superiores a los 850 hm3/año.

En efecto, la oferta de recursos disponible, además de escasa y limitada, está sujeta a intenso aprovechamiento, lo que ha desencadenado graves problemas de sobreexplotación, degradación y contaminación tanto de las aguas superficiales como de las subterráneas. A los recursos aportados por el río Segura y por la explotación de acuíferos, se han unido durante las últimas décadas los proporcionados por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, el Trasvase Tajo-Segura y los derivados de la creciente utilización de fuentes no convencionales, en las que se incluye la reutilización de residuales y la producción de aguas desaladas.
Los recursos superficiales disponibles generados en la provincia en embalses y ríos autóctonos son muy escasos, en periodos de sequía casi inexistentes. Para un año medio, los recursos hídricos de los embalses ascienden a 9,5 hm3/año. A esto hay que sumarle unos 6 hm3/año de los recursos que se detraen directamente de los ríos, por lo que en total tenemos unos 15 hm3/año. Estos recursos junto con los del Segura (179) ascienden a unos 194 hm3/año.

Los recursos medios subterráneos renovables de la provincia ascienden a 472 hm3 anuales. La media del aprovechamiento de las aguas subterráneas es de 336 hm3/año. Del total de los recursos explotados, unos 165 hm3/año corresponden a reservas no renovables. En años de sequía, la sobreexplotación supera los 250 hm3/año. Con estos recursos se atienden usos con gran valor añadido como los hortofrutícolas y los urbano-turísticos. En estado generalizado de sobreexplotación y con graves problemas de intrusión marina se encuentran muchos acuíferos del litoral, como los de los municipios de Pego, Vergel, Dénia, Jávea, Benidorm y El Pilar de la Horadada. Los acuíferos del interior presentan varias situaciones: los que se encuentran más equilibrados son los sistemas Almirante-Mustalla, con entradas de 40 hm3/año y salidas de 11 hm3/año, y Sierra de Mariola, con entradas de 15 hm3/año y salidas de 7 hm3/año. En equilibrio estarían Marina Baja, Aitana, Carrascar de Parcent-Serra del Ferrer y Serrella-Aixortá. La situación de sobreexplotación más grave la encontramos en la cuenca del Vinalopó, en sistemas como Quibas y Sierra del Cid donde el número de sondeos abandonados supera el 80%, y en otros, como la Sierra de Crevillente, donde las profundidades de extracción superan los 500 metros. La Confederación del Júcar realizó en 2004 un balance hídrico del sistema Vinalopó-Alacantí en el que se estimó un déficit próximo a 95 hm3/año.

La escasez de agua provocada por las secuencias de sequías de 1981-1984 y 1991-1996 animó toda una serie de iniciativas para la obtención de recursos no convencionales, que incluye la reutilización de aguas residuales y la producción de aguas desaladas. El uso de aguas residuales exige disponer de recursos depurados conforme a unos requisitos de calidad según el destino propuesto. Para ello se necesitan infraestructuras de captación, distribución, almacenamiento y consumo adecuadas. De acuerdo con el sistema regulado por la Ley 2/1992, los Planes Directores son el cauce fundamental para la actuación de las administraciones valencianas, tanto de la Generalitat como de las entidades locales, y para la coordinación con la Administración del Estado. El primer Plan Director de Saneamiento de la Comunidad Valenciana se ejecutó entre los años 1994 y 2001. El objetivo fundamental de este primer plan era reducir el déficit de instalaciones existente en la Comunidad Valenciana, para lo que incluía una serie de obras a ejecutar por la Generalitat, diversas depuradoras para pequeños municipios que deberían ser construidas por las diputaciones provinciales con financiación de la Generalitat, y las obras a cargo del Estado en las depuradoras declaradas de interés general. El segundo Plan Director se estableció para el período 2001-2008. Los objetivos del nuevo plan eran, fundamentalmente, incrementar la calidad del agua depurada y potenciar al máximo su posible la reutilización, incluyendo líneas de actuación para ampliar y modernizar las redes de colectores, mejorar y ampliar los sistemas de tratamiento, e implantar tratamientos terciarios y otros sistemas que optimicen la calidad del agua depurada para su completa reutilización.

En la provincia de Alicante había un total de 153 EDARs instaladas hasta el año 2007, con un caudal total de depuración de 139,33 hm3/año. En el mapa se muestra el número de depuradoras instaladas en cada una de las 9 comarcas que componen la provincia. Se puede observar que la mayor parte de EDARs están situadas en la comarca de la Marina Alta con un total de 49 depuradoras, seguida de la Vega Baja con 31 depuradoras y El Comtat con 26 depuradoras. Respecto al caudal tratado, el mayor volumen de depuración se produce en las comarcas de la Vega Baja (38,8 hm3/año) y L´Alacantí (34,2 hm3/año). Respecto a la reutilización, los mayores caudales corresponden a las comarcas de la Vega Baja (16,2 hm3/año), Baix Vinalopó (14,0 hm3/año), la Marina Baixa (9,8 hm3/año) y L´Alacantí (7,3 hm3/año). Cabe destacar que en el Baix Vinalopó se reutiliza prácticamente el 100 % del agua depurada.

Caudales reutilizados en las comarcas de de Alicante (EDARs-urbanas) en el año 2007

En 2015, el 31% del agua depurada en la Comunitat Valenciana (133 hm3) fue tomada directamente de la planta depuradora para ser reutilizada, el 28% (122 hm3) se reincorporó a los cauces naturales y el 41% (176 hm3) fue vertida al mar. Por usos, la reutilización para fines agrícolas es la dominante, alcanzando el 97% del total. Desde la óptica territorial, la reutilización se concentra en las provincias de Alicante, 42% del total (55,8 hm3) y de Valencia, 56% del total (74,5 hm3) siendo mínima en la de Castellón, apenas un 2% (2,7 hm3). Los precios del agua depurada regenerada, incluido el coste de depuración, ascienden a un 0,33 €/m3 (0,27 €/m3 del tratamiento secundario y 0,06 €/m3 del tratamiento terciario). Teniendo en cuenta el coste de reutilización, el precio del agua regenerada asciende a 0,68 €/m3 (0,27 €/m3 del tratamiento secundario, 0,06 €/m3 del tratamiento terciario, 0,25 €/m3 del tratamiento avanzado y 0,1 €/m3 de la distribución).

En cuanto a la desalinización, en 2010, la provincia de Alicante disponía de una capacidad de producción instalada de agua desalinizada de unos 85 hm3/año distribuida en 67 plantas construidas a partir de 1990. Por comarcas la que más agua desalinizaba era la de l´Alacantí (con un 38% de la capacidad total de producción) al contar con las desalinizadoras del Canal de Alicante I y II, seguida de la Marina Alta (33%), que cuenta con las desalinizadoras de Jávea, capacidad 27.000 m3/día (10hm3/año) y Dénia (9 hm3/año). En 2015 entró en funcionamiento la desalinizadora de Mutxamel-Campello con una capacidad de producción de 50.000 m3/día (28 hm3/año) y la de Torrevieja, con una capacidad de producción máxima de 240.000 m3/día (80 hm3/año), la mayor de Europa, de esa potencial producción 40 hm3 son para regadío y 40 para abastecimientos. Los costes de producción de estas plantas por metro cúbico se sitúan en torno a los 0,71 €/m3 y su consumo energético se sitúa en torno a los 4 kWh/m3. Los decretos de sequía de 2015-2016 y 2017 están permitiendo subvencionar el agua desalinizada para los regadíos del trasvase Tajo-Segura, de forma que a los agricultores les cuesta a 0,35 €/m3 puesta en el embalse de La Pedrera.

En la provincia de Alicante conviven diversos Sistemas Generales de Abastecimiento de Agua Potable, aparte de aquellos municipios que gestionan el abastecimiento de forma autónoma:

? El Consorcio Aguas de la Marina Baja (7 municipios).
? El Consorcio de Aguas de la Marina Alta (18 municipios).
? Sociedad del Canal de la Huerta (4 municipios).
? Canal del Cid, AMAEM (8 municipios).
? Mancomunidad de Canales del Taibilla (35 municipios).

La provincia de Alicante debe afrontar una demanda de recursos importante y creciente. En un año medio, como 2004, el consumo de agua para abastecimiento urbano se eleva hasta los 203 hm3/año, a los que habría que sumar unos 3 hm3/año correspondiente a aprovechamientos independientes de la red municipal, que abastecen a urbanizaciones y núcleos diseminados mediante captaciones privadas de aguas subterráneas. En ese mismo año, el 51,81% del agua suministrada para consumo en la provincia habría sido aportado por aguas subterráneas provinciales, un 35,39 % correspondería a recursos de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, de diferentes orígenes, la desalación de agua del mar aportaría un 9,65 % de los recursos captados, y, finalmente, el 3,15 % sería aportado por recursos superficiales provinciales.
Esta situación ha requerido constantes esfuerzos encaminados a incrementar las disponibilidades hídricas, sumando todas las fuentes de suministro posibles, endógenas o exógenas. A la escasez estructural del recurso se acompaña un continuo incremento de la presión sobre el mismo debido al desarrollo agrario, urbano, industrial, el turismo, tanto estacional como residencial, y al propio desarrollo demográfico y la mejora de las condiciones de vida. Estas presiones han acrecentado las demandas y, con ello, la necesidad de optimizar todos los recursos disponibles. Nada de esto hubiera sido posible sin una adecuada planificación del recurso y una explotación racional sobre la base de un modelo organizativo estable y eficiente.

Caudales reutilizados en las comarcas de  de Alicante (EDARs-urbanas) en el año 2007

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) se ha convertido en una entidad esencial para entender las dinámicas territoriales de las últimas décadas en la provincia de Alicante. Sin su participación no podría explicarse el desarrollo experimentado en la provincia desde mediados del siglo XX. En 1958 llegó el agua de la MCT a Elche y Alicante; en 1960 fueron abastecidos 224.288 alicantinos por este organismo y en 2013, 1.104.151.

En la actualidad, un total de 35 municipios, incluyendo a los tres mayores municipios de la provincia en cuanto a número de habitantes (Alicante, Elche y Torrevieja), además de numerosas poblaciones que superan los 20.000 habitantes, integran el área abastecida por la MCT en la provincia de Alicante. El área suministrada, por tanto, excede la propia delimitación de la demarcación del Segura, e incorpora a municipios pertenecientes a la del Júcar. Se ve afectada por tanto por dos ámbitos de planificación hidrológica de demarcación, así como por la normativa legal del Trasvase Tajo-Segura.

Las tarifas han ido creciendo conforme se necesitaban más recursos para financiar los distintos proyectos de ampliación y para cubrir los gastos corrientes de funcionamiento de la MCT. Se ha pasado de una tarifa de 30 céntimos de euro/m3 en 1945 a la actual, establecida en 2013, de 69,05 céntimos de euro/m3. La utilización a partir de 2003 de aguas desalinizadas ha traído consigo incrementos notables de la tarifa pasando de 36,59 céntimos de euro/m3 en 2006 a 69,05 céntimos de euro/m3 en la actualidad.

No se concibe el despegue y consolidación de un modelo económico y territorial basado en gran medida en la construcción de nuevos asentamientos, que albergan miles de viviendas para uso vacacional y turístico, junto con el espectacular desarrollo del aparato de servicios comerciales, de ocio, restauración, asistenciales, hotelería, administración, entre otros, sin la dinámica de un sistema público de abastecimiento de aguas, que aporta recursos en cantidad y calidad, como clave de los abastecimientos a poblaciones.

Por su parte, el Consorcio de la Marina Baja, creado en 1977, constituye una entidad jurídica pública local, de carácter asociativo e institucional. El consorcio, en colaboración con la Confederación Hidrográfica del Júcar, estudia las necesidades de abastecimiento de agua y saneamiento, proponiendo y ejecutando las obras e instalaciones. El consorcio elabora los planes de reutilización de las aguas residuales que afectan a la zona. Además es el encargado de explotar y conservar todas las obras e instalaciones de distribución en alta.

La población total abastecida por el Consorcio de Aguas de la Marina Baja se cifra en unos 159.000 habitantes, con puntas estivales que oscilan entre los 234.000 y los 600.000 habitantes.

A grandes rasgos, el Consorcio de Aguas de la Marina Baja, tiene acuerdos con agricultores de la zona (comunidades de usuarios), en virtud de los cuales estos entregan aguas limpias para abastecimiento a cambio de compensaciones económicas y asistencia para la modernización de las explotaciones, todo ello, además, acompañado por la recepción de caudales para su reutilización en sustitución de los caudales naturales.
En 2002, se suscribió un convenio entre la EPSAR, el Ayuntamiento de Benidorm y la Comunidad de Regantes del Canal Bajo del Algar para la construcción y explotación de la ERA de la EDAR de Benidorm. Las obligaciones asumidas por las partes eran las siguientes: el Ayuntamiento de Benidorm se comprometía a proporcionar a la EPSAR los terrenos para la ubicación de la ERA. Por su parte, la EPSAR se obligaba a realizar, financiar y explotar las infraestructuras proyectadas. Por último, correspondía a la Comunidad de Regantes del Canal Bajo del Algar consumir los caudales regenerados para que las nuevas instalaciones alcanzasen el rendimiento adecuado. Se acordó que el volumen a desalinizar y, por tanto, a consumir sería de 25.000 m3/ día. En 2015 las comunidades de regantes han pagado un precio total de 0,30 €/m3. El coste del tratamiento terciario se carga directamente a los agricultores.

Para finalizar este somero repaso debo referirme a los trasvases que están operativos en la provincia. Al menos desde 1420 se viene pensando en trasvasar aguas desde el río Júcar, en la provincia de Valencia, al río Vinalopó, en Alicante, por lo que podemos afirmar que se trata de uno de los proyectos de trasvase entre dos ríos más antiguos en España.

El sistema Vinalopó-Alacantí (provincia de Alicante) es un espacio caracterizado por la escasez de recursos hídricos y por un gran desarrollo de las aguas subterráneas, sobre todo, a partir de la segunda mitad del siglo XX. Estas aguas han permitido el abastecimiento de buena parte de los municipios de la provincia y de una agricultura muy avanzada, caracterizada por su eficiencia y productividad.

El Pacto del Agua entre los gobiernos regionales de Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana en 1997 quedó plasmado en el Plan Hidrológico de la cuenca del Júcar en el que se recoge la reserva de 80 hm3/año para paliar la sobreexplotación de acuíferos en el Vinalopó y garantizar los abastecimientos en el Campo de Alicante y en la Marina Baja.

La obra del trasvase se inició en 2002, para ello contó con la declaración de impacto ambiental favorable, dispuso del informe favorable del Banco Europeo de Inversiones y de financiación europea a través de los Fondos Feder,que debían financiar las obras junto con las aportaciones del Ministerio de Medio Ambiente y, lo que fue más original, con el compromiso financiero de los usuarios. El trasvase se encomendó a la sociedad estatal Aguas del Júcar S.A., con la que la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baja suscribió un convenio de financiación y explotación de la obra.

Las elecciones generales de marzo de 2004 significaron un cambio de Gobierno y un viraje extraordinario de la política hidráulica seguida hasta el momento por el Ministerio de Medio Ambiente. La primera víctima fue la cancelación del trasvase del Ebro en junio de 2004, que dejó a la provincia sin, al menos, 400 hm3 previstos para Alicante. La segunda víctima, pese a que se había ejecutado ya más del 52% del presupuesto de las obras en julio de 2005, fue la conducción Júcar-Vinalopó, cambiando el punto de toma y el trazado del trasvase, desde Cortes de Pallás a Cullera, lo cual ha tenido repercusiones sobre la disponibilidad de caudales, la calidad del agua trasvasada, los costes de construcción y explotación, la financiación tanto de la UE como de los particulares, y en los plazos de ejecución y puesta en servicio de la infraestructura. El trasvase desde Cortes de Pallás habría permitido evitar las situaciones de precariedad e insostenibilidad actuales, reduciendo el riesgo de abandono de tierras de cultivo por falta de disponibilidad de recursos a corto plazo, y la recuperación de los acuíferos sobreexplotados. El nuevo trazado desde Cullera imposibilita, por razones de calidad, aportes de agua para el abastecimiento en el Vinalopó y Marina Baja. El presupuesto de la infraestructura desde Cortes de Pallás ascendía a 231 millones de euros, el nuevo trazado desde Cullera ascendió a 351 millones de euros. La altura neta de elevación desde Cortes es de 250 m.c.a. mientras que desde Cullera es de 800 m.c.a, lo que repercute directamente en el coste energético y en la inviabilidad económica para los usuarios, si no es con ayudas directas de la Administración.

El Trasvase Tajo-Segura es una infraestructura estratégica de extraordinaria importancia en la ordenación hidráulica española. Es fruto de una política de ordenación del territorio impulsada por el Estado que ha permitido la consolidación de un sector agrícola de enorme vitalidad en el sureste español y, a su vez, ha garantizado la subsistencia hídrica de los abastecimientos urbanos de numerosas poblaciones de la provincia, incluidas grandes capitales como Alicante, Elche, Torrevieja y Orihuela. En torno al 60% del agua de la Mancomunidad de Canales del Taibilla viene del Trasvase, lo que lo convierte en el sostenedor del sistema del abastecimiento.

Su concepción, para atender el déficit de agua en el Levante español, se remonta al Plan Nacional de Obras Hidráulicas de 1933, que sienta las bases de la moderna planificación hidrológica de España, que tuvo continuidad en el Plan General de Obras Públicas de 1940. Al servicio de esa idea y como piezas imprescindibles para su ejecución futura se construyeron los embalses de regulación hiperanual de Entrepeñas y Buendía (1956 y 1957). El anteproyecto general de aprovechamiento conjunto de los recursos hidráulicos del Centro y Sureste de España, complejo Tajo-Segura, redactado en 1967 inicia la puesta en marcha de las obras, comenzando el funcionamiento en 1979.

Es además una infraestructura con gran potencial para distribuir caudales mediante las fórmulas de cesión de aprovechamientos y bancos del agua, así como para articular trasvases dentro del mismo ámbito de planificación hidrológica, como ha ocurrido con caudales del Júcar.
La superficie regada con los caudales del trasvase Tajo-Segura ocupa el 61,65% del regadío provincial. El riego por goteo está instalado en el 92% de ese espacio cultivado. El valor económico bruto de las zonas regables del Acueducto Tajo-Segura en la provincia es superior a los 500 millones de euros al año, lo que representa el 62% de los ingresos brutos que obtienen los agricultores en el conjunto del regadío provincial. Las tarifas del trasvase, que incluyen la práctica recuperación de costes por parte de los usuarios, es de 0,9 €/m3 para el regadío y de 0,11€/m3 para los abastecimientos. El coste energético del Trasvase y Postrasvase es de 1,1 kWh/m3, que hace que sus aguas sean insustituibles para el regadío, ya que las posibles alternativas son cuatro veces más costosas energética y ambientalmente.

En conclusión, nos encontramos en un tiempo de encrucijada e incertidumbre. Los problemas hídricos son especialmente importantes en la captación de las aguas subterráneas, que pueden terminar con nuestro modelo de crecimiento. Este problema sólo puede ser corregido a través de una conjunción de soluciones que pasan necesariamente por la traída de aguas de otras cuencas; el mantenimiento y consolidación del trasvase Tajo-Segura; el trasvase Júcar-Vinalópó, con agua de calidad, es decir, desde Cortes de Pallás; la reutilización de aguas depuradas regeneradas; y, complementariamente, con la desalinización. Si todo ello se aplicara, conseguiríamos restaurar el equilibrio hídrico y nos hallaríamos en el camino de resolver el principal problema ambiental, económico y social que en estos momentos tiene la provincia de Alicante: el déficit de recursos hídricos.

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