La investigación sobre una supuesta trama urbanística en Murcia salpica a El Campello

J. A. RICO E
l nombre de El Campello ha aparecido en la investigación de una supuesta trama urbanística en dos municipios de Murcia por la que están imputados cinco ediles, entre ellos dos alcaldes. La Guardia Civil investiga presuntos casos de corrupción urbanística en Fuente Álamo y Torre Pacheco, que tienen como común protagonista al empresario Facundo Armero Madrid, que también está imputado, y la juez trata de averiguar si las adjudicaciones con las que se hizo en ambos municipios fueron ilegales.
El Instituto Armado tuvo intervenido su teléfono móvil durante varios meses y en una de las conversaciones grabadas recibe el ofrecimiento de un supuesto negocio en El Campello, por el que su interlocutor deja entrever que el edil estaría dispuesto a recibir comisiones ilegales, según consta en la transcripción de la Benemérita a la que ha tenido acceso este diario.
La conversación tuvo lugar el 25 de abril de 2007 con un hombre cuya identidad se desconoce, y que explica al empresario que hay un tema con el Ayuntamiento de El Campello pero que es "para hablarlo con el concejal. Es muy importante, de mucha pasta pero es para tener una reunión con esta gente". Afirma que "lo que quieren hacer es un centro comercial, no un centro comercial sino un gran centro de esos "center", un apartotel con centro comercial (...); Ahí tiene suelo el Ayuntamiento que es donde lo quiere hacer y habría que buscar la forma de que lo pueda vender, que sabes que no lo puede vender claro. Entonces les corre prisa porque estamos encima de las elecciones y quieren llegar a un acuerdo antes".
Armero se muestra reticente ante la premura con la que hay que realizar la operación ante las inminentes elecciones que tendrían lugar un mes después, ya que señala que es necesario antes la aprobación del pleno de El Campello, destacando que ese pleno es para que el Ayuntamiento pueda "vender eso".
El interlocutor del empresario afirma que tiene un amigo con muy buena relación con el edil en cuestión, y que el Ayuntamiento lo que quiere no es "un clásico supermercado sino algo que esté funcionando las 24 horas y el sitio es buenísimo claro, está a dos pasos de la playa, está al lado de la carretera Nacional", y emplazándose a tener una charla más adelante, afirmando que "a lo mejor tenemos ahí un mirlo". La Guardia Civil interpreta que por "mirlo" se refiere a "una persona a la que potencialmente podrían manipular, y que podría ser el edil", y el interlocutor dice que, aludiendo al parecer al "mirlo", que "esta gente depende cómo la cojas, ya sabes como funcionan, querrán su parte", dejando al parecer el tema aparcado hasta después de las elecciones.

Valoración
En la valoración de la transcripción que hace la Guardia Civil se explica que el interlocutor de Armero es un hombre sin identificar con acento valenciano, y que se sobreentiende que lo quiere "vender" el Ayuntamiento son terrenos para levantar un apartotel con centro comercial. Del mismo modo entiende que cuando dicen que "querrá su parte" se refieren a comisiones ilegales, aunque "sea como fuere entendemos que son suposiciones del interlocutor, pero que evidencian el conocimiento de ambos de la forma de actuar con algunos ayuntamientos en este tipo de negocios".
Cuando se registró esta grabación, en la pasada legislatura, gobernaba el Partido Popular, que alcanzó la Alcaldía gracias a una moción de censura en 2004 gracias al apoyo de un tránsfuga del Bloc, que abandonó el BNV porque era partidario de un plan urbanístico con golf.
1.500 folios
de diálogos registrados

Los casos de supuesta corrupción urbanística de Fuente Álamo y Torre Pacheco los lleva la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de San Javier (Murcia); y el levantamiento del secreto de sumario ha permitido conocer los 1.500 folios de conversaciones telefónicas grabadas, donde en una de ellas aparece El Campello.
Entre los imputados están el alcalde de Torre Pacheco Daniel García Madrid, que fue durante varios años letrado de Facundo Armero, el propio empresario, la alcaldesa de Fuente Álamo María Antonia Conesa, así como otras ocho personas entre ediles, ex ediles y funcionarios. Los cargos que se les imputan son negociaciones prohibidas y actividades prohibidas a funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, fraude y revelación de secreto a los encausados.