Piden que se anule la adjudicación de las obras de Parque Ansaldo por fraude fiscal de la urbanizadora

FRANCISCO D. GONZÁLEZ U
n grupo de propietarios de las antiguas viviendas de Parque Ansaldo ha solicitado a la Conselleria de Hacienda que anule la adjudicación del proyecto de urbanización de este sector en Sant Joan suscrito entre el Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA); y la mercantil Lubasa. Este colectivo considera que la citada empresa no puede contratar trabajos con las administraciones públicas en virtud de una condena por fraude fiscal dictada en mayo de 2006 por un juzgado de Valencia.
Los trabajos de urbanización en Parque Ansaldo -hoy denominado l'Alquería- fueron iniciados en mayo de 2006 y actualmente están muy avanzados. En este sector se proyectan más de 1.000 nuevas viviendas en una superficie de más de 200.000 metros cuadrados, además de otras 1.800 casas previstas en las zonas de Cotella, El Salt y Princesa.
La sentencia firme, dictada en mayo de 2006, considera probado que Lubasa, uno de los grupos constructores e inmobiliarios más importantes de la Comunidad Valenciana, puso en marcha un sistema de facturas falsas con el que consiguió defraudar a Hacienda 2,2 millones de euros en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA); y el Impuesto de Sociedades.
El titular del juzgado de lo Penal número 10 de Valencia condenó al presidente de la empresa, Luís Batalla, y a un ejecutivo de la firma, Vicente Nebot, a dos años de prisión por un delito de fraude fiscal. Los condenados no cumplieron la pena de cárcel al pagar una multa de 4,4 millones de euros. Tras este fallo judicial, el Ministerio de Economía y Hacienda prohibió el pasado octubre a Lubasa realizar contratos con las administraciones públicas por un plazo de tres años.
Según consta en el escrito presentado ante la Conselleria, el conjunto de actuaciones de inspección de la Agencia Tributaria, previas al proceso penal, están dotadas de presunción legal de certeza, y tuvieron lugar antes del 23 de septiembre de 2005, fecha en la que finalizaba el plazo para presentar propuestas en la licitación de obras de Parque Ansaldo.
En ese momento, la mercantil, a juicio de los firmantes del escrito, «era plenamente consciente de una situación jurídica que le prohibía presentar documentos verdaderos que acreditaran el efectivo cumplimiento de sus obligaciones tributarias y la inexistencia de deuda tributaria». Todo ello, fue ratificado después por la sentencia de mayo de 2006. El 9 de noviembre de 2005 se le adjudicó el contrato de urbanización a Lubasa, exigiéndole en el plazo de cinco días acreditación fehaciente mediante certificación o declaración responsable de su situación legal ante la Hacienda Pública.
Este grupo de ex propietarios de los pisos de Parque Ansaldo sostiene que la posterior sentencia demuestra que tal acreditación de cumplimiento de requisitos fiscales en aquellas fechas «era imposible, por lo que, si se presentaron documentos afirmando que se estaba al corriente del cumplimiento de las obligaciones con el fisco, resulta evidente que estas afirmaciones eran contradictorias con lo que posteriormente se aceptó de conformidad y fue ratificado por el juzgado». «Exactamente todo lo contrario -continúa el escrito-, el incumplimiento y la deuda databan desde 1998, lo que sólo fue sanado con ocasión de la sentencia». En opinión de los firmantes, la consecuencia de todo ello es clara: la documentación que se presentó ante el IVVSA contenía «afirmaciones falsas» con el único objetivo de lograr la adjudicación del contrato, que efectivamente se produjo el 9 de noviembre de 2005.
De este modo, el colectivo de vecinos mantiene que quedan acreditadas las causas de prohibición para contratar establecidas en la ley de Contratos de Administraciones Públicas.