JOSE A. RICO
E
l PSOE de El Campello ha reclamado al equipo de gobierno del PP que convoque una comisión informativa de Territorio y Vivienda para esclarecer el proyecto de 127 apartamentos turísticos que se está desarrollando en Cala Lanuza, y que ha sido objetivo de diversas denuncias de ecologistas, vecinos y oposición por su impacto e irregularidades.
El portavoz de los socialistas campelleros, Pepe Varó, presentó por registro el pasado viernes un escrito en el que explica que esta petición la realiza «al objeto de proceder al mejor estudio posible del controvertido expediente correspondiente a la edificación de la mercantil Enypesa en Cala Lanuza y en relación a los usos permitidos en las parcelas, a su volumen edificatorio y a las rasantes, que tantas dudas generan sobre la altura de la edificación, y que han sido motivo de un estudio externo, que está siendo revisado por los técnicos municipales». El estudio sobre las alturas de esta construcción, que denuncian que excede en cuatro las plantas permitidas, fue encargado hace ya trece meses y se encuentra a falta de flecos y que los técnicos firmen los informes. Este retraso ha generado aún más dudas sobre su contenido y desde EU se afirma que se está demorando intencionadamente porque constata las irregularidades denunciadas. Desde el PP se ha anunciado que el estudio confirma su legalidad, aunque aún no se ha hecho público su contenido.
Por ello el PSOE solicita al alcalde que «sea convocada una comisión informativa de Territorio y Vivienda para que el concejal del área y los técnicos municipales informen a los miembros de la comisión del desarrollo de todo el expediente desde su inicio, al objeto de aclarar todos aquellos aspectos que de alguna manera generan polémicas, con el objetivo de despejar todo tipo de duda, marco de actuación exigible e irrenunciable a todo poder público que debe ser lo más transparente posible en su gestión».
La decisión tomada por la promotora de renunciar a la segunda fase de la obra, consistente en 84 apartamentos más, por la oposición de Costas al afectar a dominio público y por la situación económica desfavorable para el sector, unido a que la empresa ya ha vendido todas las viviendas pese a ser de uso hotelero, no han hecho más que acrecentar las dudas sobre este proyecto. Desde el equipo de gobierno se ha señalado que estas ventas son legales aunque bajo una serie de restricciones, pese a las denuncias de oposición y vecinos sobre supuestas irregularidades. Del mismo modo se han presentado recursos ante la Fiscalía Anticorrupción y Parlamento Europeo. El portavoz del PP Juan José Berenguer explicó ayer respecto a la petición del PSOE que en cuanto esté acabado el informe convocarán una mesa informativa, pero no antes, para poder así dar toda la información y responder a las dudas de la oposición.