FRANCISCO D. GONZÁLEZ
L
os afectados de Parque Ansaldo ya han conseguido despertar el interés de la oposición al PP en las Cortes Valencianas tras la protesta de más de seis horas que realizaron ayer frente al Palau de la Generalitat en la ciudad de Valencia.
Según confirmó ayer a este diario la portavoz de Vivienda del PSPV, María José Salvador, el grupo socialista en la Cámara autonómica se ha comprometido con la Plataforma de Propietarios de Parque Ansaldo a emprender una serie de iniciativas parlamentarias para conocer la posición del Consell en el conflicto que afecta a estos «ex» vecinos de Sant Joan.
El PSPV reiteró ayer
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tras la reunión que los dirigentes socialistas María José Salvador y Francesc Signes mantuvieron en Valencia con miembros de la Plataforma
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que instará al ejecutivo de Francisco Camps a pagar las indemnizaciones que por sentencia judicial corresponden a los propietarios.
Salvador afirmó que el PSPV «siempre será solidario con este colectivo» y denunció «la dejadez y la injusticia con la que actúa la Conselleria de Vivienda», liderada por José Ramón García Antón. Asimismo, la Plataforma de Propietarios también entregó toda la documentación
El encuentro de los afectados de Parque Ansaldo con los diputados socialistas se enmarca dentro del conjunto de acciones reivindicativas que la Plataforma de Propietarios ha iniciado para recibir de una vez las compensaciones económicas que llevan sin cobrar desde 1991.
De este modo, unas 55 personas de este colectivo se manifestaron ayer frente al Palau de la Generalitat en Valencia. La protesta tuvo un efecto positivo por inesperado; y es que el colectivo consiguió reunirse ayer también con un asesor del gabinete de Francisco Camps, Jacobo Navarro, quien según Pilar Roca, portavoz de la Plataforma, «comprendió el caso y facilitó la posibilidad de mantener una reunión en el futuro con García Antón».
En 1991, una sentencia del Tribunal Supremo condenó a la Generalitat a abonar seis millones de euros en indemnizaciones a los dueños de las casas de este barrio de Sant Joan por ser declaradas no habitables por mala construcción. El fallo dio la razón a 130 propietarios, de los que 52 todavía no han cobrado. Cada una de estas indemnizaciones ronda los 120.000 euros. Asimismo, otras 199 familias mantienen un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para que el gobierno autonómico también les pague.