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El atestado de la Guardia Civil sobre la intervención en el caso de los monitores refleja que antes de las detenciones se consultó verbalmente con la psicóloga de los Servicios Sociales y ésta les explicó sus sospechas sobre abusos a una menor que nunca ocurrieron. Según el atestado facilitado por los familiares de los educadores, se explica que hubo "una manifestación verbal mantenida con la psicóloga" en la que les indicó que "se está elaborando un informe (...) en el cual se valora y propone que se considera por parte de ese equipo social que hay suficientes indicadores para sospechar que la menor (...) ha sido víctima de abusos sexuales", por lo que más tarde se efectuaron las detenciones.
Con este documento los padres de los educadores salieron al paso del informe de la letrada municipal que concluye que la psicóloga actuó de forma correcta, señalando que la valoración del caso no fue remitido a la Guardia Civil hasta dos días después de las detenciones. Los padres insisten que fue la valoración de la psicóloga, que ahora ha sido nombrada funcionaria interina sin plaza por el alcalde Juan Ramón Varó, y su supuesta mala actuación la que sirvió a los miembros del Instituto Armado para justificar los arrestos.
Aseguran que no cumplió el protocolo establecido, mientras que el Ayuntamiento reitera que sí que se siguieron los cauces establecidos. Las familias de los damnificados lamentan que "una vez más el alcalde, en vez de cumplir con su palabra de "restaurar la dignidad y el honor de los monitores", devolver el prestigio al colegio y regenerar el buen nombre de El Campello, hurgue en la herida abierta y ponga su empeño y nuestro dinero en justificar la negligente actuación de la psicóloga, ordenando un informe jurídico sesgado, arbitrario e incierto".
Por ello reclaman al primer edil que dé marcha atrás en el nombramiento de la psicóloga como funcionaria interina.
