El consell escolar del colegio público Rafael Altamira de El Campello anunció ayer que exigirá a los "organismos competentes" -Ayuntamiento, Generalitat y Delegación del Gobierno-, "dilucidar responsabilidades y reparar débitos" después de que la Audiencia Provincial rechazara los recursos de los padres de los menores que hace año y medio denunciaron a cuatro monitores por supuestos abusos sexuales sobre alumnos.

El consell escolar del Rafael Altamira se reunió el pasado viernes, tras hacerse pública la resolución de la Audiencia que ratifica la inocencia de los monitores del centro, y con la exigencia de responsabilidades quieren evitar que vuelvan a producirse "ignominias de esta magnitud en ningún colegio", manifestaron fuentes del colegio.

Padres y profesores quisieron recordar que el Juzgado de Instrucción nº 4, en septiembre del pasado año, ya acordó el sobreseimiento libre y definitivo de las actuaciones que en noviembre de 2008 alteraron el normal funcionamiento del decano y mayor colegio de El Campello. El máximo órgano representativo del centro acordó por unaminidad, indicó la directora, Nandi Suárez, "congratularse" por la confirmación de lo que "desde el primer momento defendió la comunidad escolar", la inocencia de los cuidadores. Según fuentes del centro el caso se abrió por una "falsedad inventada por la madre de una niña", ya que "el régimen de funcionamiento del colegio y el comedor, y el sistema de vigilancia, hacían imposible los hechos denunciados". A juicio del consell escolar se corrobora que nunca ha habido posible amenaza para la integridad de los alumnos. Para los educadores, el "único peligro real" se produjo con la entrada en el recinto de miembros de la Guardia Civil, "armados y sin orden judicial", en la hora de salida, creando una "innecesaria alarma social". Consideran además que la alarma fue "incrementada por los medios sensacionalistas, que difamaron y calumniaron al profesorado y resto de trabajadores". El consell escolar también lamenta la actuación de la psicóloga del Ayuntamiento, quien "sin previo reconocimiento de la menor ni contactar con los responsables del colegio", emitió un informe inculpatorio, que sirvió de justificación para la "actuación irracional y desproporcionada" del jefe de puesto de la Guardia Civil.