JOSE ANTONIO RICO
El juez ha desestimado el recurso del gerente del club de tenis privado ubicado en suelo público de forma ilegal en Muchavista desde 2002, por lo que da vía libre a la orden de desahucio decretada en 2008 por el alcalde. La sentencia reconoce que la actuación del Ayuntamiento El Campello ha sido correcta, que la autorización concedida para la explotación de la parcela pública expiró en 2002, que el gerente se ha excedido "con creces" respecto a lo que le fue permitido y, además, el magistrado declina que el Consistorio tenga que pagar una indemnización por el desalojo.
El primer edil Juan Ramón Varó manifestó ayer que "estamos muy satisfechos con la sentencia, ya que confirma que el Ayuntamiento ha actuado de forma correcta en toda momento, conforme a la Ley. Era una situación en la que esta persona estaba disfrutando de una parcela municipal sin ninguna autorización y el juez nos ha dado la razón. Además, no se impone al Consistorio el pago de ninguna indemnización". Del mismo modo el alcalde anunció que le va a dar 30 días de plazo al gerente del Club de Tenis José María Cortés para que desaloje el complejo, ubicado en Las Lanzas, aunque señaló que si es necesario ampliarlo unos días más no pondrá impedimento alguno.
El Ayuntamiento inició los trámites de desahucio horas después de que en marzo de 2007 Esquerra Unida denunciara ante la Fiscalía Anticorrupción la situación de este club de tenis. El 8 de febrero de 2008 el alcalde firmó el decreto de desalojo del club, suspendiendo poco después el juez cautelarmente dicha orden a instancias del gerente. Ahora, el titular del Juzgado de lo Contencioso número 2 de Alicante considera por una parte que no cabe la petición de indemnización y por otra insiste en que el permiso dado en 2001 "es una autorización en precario con plazo máximo de un año, en todo caso, y de forma improrrogable", según se reflejaba expresamente en el acuerdo, por lo que queda muy claro que la concesión ha expirado.
Del mismo modo el juez señala que la autorización de 2001 no permitía más obras que las allí expresadas: dos pistas de tenis de tierra batida, aseos, vallado y limpieza de la parcela, y señala que "a lo largo de todo el expediente administrativo queda patente el incumplimiento del recurrente a dicha estipulación (...), excediendo con creces" las obras autorizadas. En estos últimos año el gerente ha sido expedientado en varias ocasiones por realizar obras sin solicitar los permisos pertinentes.
El magistrado explica que el incumplimiento de las condiciones establecidas en el acuerdo de autorización, entre las que figura la imposibilidad de realizar más obras que las indicadas y que el plazo del permiso era de un año improrrogable, "justifican la decisión de la administración demandada, siendo la misma ajustada a derecho. Por ello desestima el recurso contencioso-administrativo contra la orden de desalojo.
Nueva zona deportiva
Del mismo modo Varó recordó que el retraso en poder hacer efectivo este desahucio, al recurrir el gerente a los tribunales, ha impedido desarrollar en Muchavista una gran zona deportiva. La parcela pública que ocupa el club de tenis de Cortés, con dos pistas de tenis y varias de pádel, cuenta con 2.000 metros cuadrados y se halla dentro de un solar de propiedad municipal de un total de 8.000 metros cuadrados donde el Ayuntamiento proyecta sacar a concurso la construcción y explotación de una gran zona deportiva. La existencia de este club y su consiguiente problemática ha impedido hasta ahora abrir un concurso público para desarrollar este proyecto, que solucionaría la carencia de este tipo de instalaciones que sufre la zona de Muchavista.
El afectado pide una reunión con Varó y anuncia que apelará
El gerente del Club de Tenis, José María Cortés, anunció ayer que recurrirá la sentencia y se limitó a señalar que ha solicitado una reunión con el alcalde para abordar esta situación, aunque el primer edil señaló que no es necesario ningún encuentro y que el fallo judicial es claro.
El afectado por el desahucio recurrió ya al Síndic de Greuges, que contestó señalando que el alcalde se había comprometido a paralizar el expediente y ofrecerle una indemnización, aunque desde el Ayuntamiento negaron esto y señalaron que la síndica había tergiversado sus palabras.
La concesión para explotar esta instalación expiró el 5 de octubre de 2002 y desde entonces se han sucedido peticiones, escritos, reuniones, acusaciones, declaraciones, recursos, expedientes, una denuncia ante Anticorrupción, la intervención del Síndic e incluso supuesta amenazas de Cortés al alcalde en 2007.
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