Las familias de los cuatro monitores del colegio Rafael Altamira de El Campello anunciaron ayer acciones judiciales por los daños sufridos por la causa sobre supuestos abusos sexuales a niños, y que esta semana ha ordenado archivar la juez. Los familiares reiteraron su agradecimiento a cuantos les apoyaron y anuncian "acciones judiciales contra quienes originaron y favorecieron el escándalo", es decir, "la madre denunciante que inicio la investigación, Guardia Civil, la psicóloga municipal y medios de comunicación".
En una nota de prensa las familias explican que "una vez terminado este duro calvario, propiciamente para nuestros hijos, víctimas inocentes del desequilibrio mental de una, la ineptitud e irresponsabilidad de otros y la bellaquería de los de más allá; las familias afectadas queremos reiterar nuestra gratitud a todas las gentes de buena voluntad, que desde el primer momento creyeron en la inocencia de nuestros hijos y con su incondicional y continuo apoyo nos han ayudado a soportar estos diez meses de tan amargo trance".
Destacan "un agradecimiento brindado de modo especial a sus compañeras de trabajo, quienes desde el primer momento negaron su posible implicación, porque nunca se quedaban solos con los niños; al equipo directivo y profesorado del centro, al desmentir que lo denunciado por la madre de la niña fuera posible, pues estaban presentes en la comida y en el patio; y al Gabinete Psicopedagógico Municipal, cuyos componentes siempre sostuvieron que todo eran, como así se ha demostrado, invenciones de la niña (inducida por su madre). Igualmente nos congratulamos por aquellos que sin culpa se vieron arrastrados por la vorágine, una vez demostrado que, tras los reconocimientos médicos; los informes del Servicio de Atención Psicológica a Menores y los análisis del departamento de Biología del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, no existe ni un indicio de que los niños hayan sido objeto de los hechos denunciados".
Los familiares insisten en que "no consiguieron doblegar la dignidad y entereza de nuestros vástagos, de los que nos sentimos inconmensurablemente orgullosos; pero nadie ni nada, desgraciadamente, podrá restituir la humillación y el trato inhumano sufrido; el honor mancillado; la honorabilidad puesta en entredicho. Nada ni nadie podrá devolverles la alegría de vivir que les (nos) han robado. El mal está hecho y el tiempo es irreversible. Aún así, mientras procuramos por todos los medios el modo de conseguirlo, lucharemos con todas nuestras fuerzas para que los culpables del perjuicio moral, físico y económico no queden impunes".
Impunidad
Ante todo señalan que "hemos de procurar por encima de todo que ninguna madre de ningún colegio denuncie falsedades y no purgue por ello. Que ninguna psicóloga de ningún ayuntamiento emita informes inculpatorios, sin expiación. Que ningún cabo jefe de ningún puesto de la Guardia Civil, ocasione alarma social, ordenando en hora de máxima concurrencia una operación sin pruebas, ni fundamentos (la sentencia afina: ni indicios); engendre el descrédito del sistema escolar local; y provoque la ignominia del municipio de El Campello en general, consecuencia del "circo mediático" montado, por el previo aviso a los medios de comunicación; y quede inmune. En fin, que ninguno de esos medios de comunicación, mienta, calumnie, difame e insulte, sin su correspondiente castigo".
Concluyen que "por seguridad propia y para evitar que nadie sea víctima de una injusticia como la que hemos padecido, nos vemos en la obligación de emprender acciones judiciales contra quienes originaron, airearon y favorecieron el escándalo".
La juez ha archivado el caso al considerar que "no existen indicios racionales de haberse perpetrado los hechos denunciados". Los padres denunciantes van a recurrir esta decisión.
