LAURA MILLÁN
La funcionaria del Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant que el martes denunció la falsificación de su firma en un informe que después aprobó la comisión de Hacienda, acusa directamente al concejal de Personal, Santiago Escudero, de ser el autor de la rúbrica, en la denuncia presentada ante el juzgado.
La secretaria de la comisión de Hacienda, María Rosa Valdés, culpa al edil, tal y como consta en la documentación a la que ha tenido acceso este periódico. Sin embargo, el alcalde y el propio concejal afirmaban el martes que se trataba de una denuncia general contra el Ayuntamiento.
Por el momento la secretaria prefiere no hacer declaraciones sobre este asunto, pero deja claro en la denuncia que quiere hacer constar "expresamente que el autor de los hechos denunciados es Santiago Escudero".
La versión del alcalde de Sant Joan d´Alacant, Edmundo Seva, es muy distinta y apunta como culpable a uno de los funcionarios del departamento donde trabaja la funcionaria. En este punto, dice que "la responsabilidad recae en tres personas, que son las que estaban trabajando cuando ocurrieron los hechos". Cualquiera de los funcionarios podría presentarse como culpable de los hechos, pero si esto no ocurre se iniciará una investigación. De todos modos, no se va a llevar a cabo ningún procedimiento hasta el 4 de agosto, día en que el alcade se incorpora al trabajo tras sus vacaciones, según él mismo indicó
Por su parte, el portavoz del Bloc, Albert Caturla, lamenta "que la tramitación de la RPT se haya visto envuelta en este caso la falsificación de una firma". Además, añade que "nos preocupa que en vez de felicitar y agradecer el gesto de la funcionaria que ha denunciado una irregularidad, se utilice con ella un tono de coacción". Por ello pide que el alcalde aporte pruebas que confirmen los hechos y que se aclare qué tipo de responsabilidades se van a exigir al autor de la firma falsificada.
El portavoz del PP, Paco Burillo, insiste en que apoya la versión de la jefa de personal, y ve como culpable a Santiago Escudero. De todos modos reconoce que "el acto de falsificación es muy grave, tanto si lo ha cometido un funcionario como el concejal".