Avances sociales

ÁFRICA PRADO L
as leyes y propuestas sociales impulsadas por el Gobierno central en esta legislatura han tenido una aplicación desigual en la provincia: en aquéllas donde ha intervenido el ejecutivo autonómico su implantación ha sufrido más retraso -la Ley de Dependencia o las ayudas al alquiler de los jóvenes- mientras que donde no ha sido necesaria su mediación el resultado ha sido más beneficioso, como el permiso de paternidad o el "cheque-bebé" de 2.500 euros, cuya aplicación ha sido directa.
La Ley contra la Violencia de Género ha generado sólo durante 2007 la presentación de 3.713 denuncias y 2.986 órdenes de protección, con un incremento del 109% respecto a 2006. La creación de los juzgados de violencia contra la mujer -cinco en la provincia- se enfrenta a la falta de recursos para hacer frente al aumento de denuncias, lo que ha llevado al personal de estos juzgados a la huelga para reclamar al Consell más medios.
El Gobierno central ha implantado un servicio de teleasistencia para víctimas de la violencia en 23 municipios, con 1.598 altas de mujeres, y el teléfono 016 ha recibido 1.506 llamadas de mujeres en la Comunidad Valenciana (el 9,4% del total nacional);. Desde el Gobierno se ha criticado recientemente la no presentación de proyectos de apoyo a este colectivo desde la Comunidad para recibir subvenciones del Ejecutivo central.
Las prestaciones contempladas en la Ley de Igualdad reconocen por primera vez el permiso por paternidad de 15 días con cargo a la Seguridad Social. Su demanda ha ido en aumento hasta lograr en diciembre 5.806 permisos en Alicante. Otra de las nuevas prestaciones es la de maternidad no contributiva, destinada a aquellas trabajadoras que no alcanzan la cotización mínima exigida para optar a la maternidad contributiva, a la que han accedido 21 mujeres en la provincia de Alicante.
La concesión de 2.500 euros por cada hijo nacido o adoptado ha sido otra medida estrella, que hasta el 25 de enero han cobrado ya 10.845 familias y que ha supuesto un gasto de 27 millones de euros. Se calcula que serán 18.000 familias anuales en la provincia las que disfruten de esta ayuda.
La Ley de Matrimonio Homosexual ha permitido en 2007 el enlace de cerca de un centenar de parejas en Alicante y el mayor obstáculo en la provincia lo protagonizó una juez de Dénia, la primera del país en paralizar un expediente de boda de dos mujeres. Según Bienestar Social, en Alicante no se ha recibido ninguna solicitud de adopción por parejas gays.
La Ley de Dependencia ha sido la más dificultosa en su aplicación. A pesar de la complejidad de desarrollar una ley que prevé evaluar a 150.000 personas en la Comunidad en ocho años, la Generalitat no ha autorizado ningún servicio ni prestación nueva en la provincia, mientras comunidades como Navarra, Andalucía, Cantabria, Asturias, Extremadura, Baleares o Murcia empezaron a hacerlo el pasado año.
Los últimos datos cifran en 60.000 las solicitudes recibidas en la Comunidad, de las que 28.000 han sido valoradas y 8.000 cuentan con resolución del grado de dependencia, pero se desconoce si alguien ha comenzado ya a recibir una ayuda, como prometió el conseller Cotino a principios de año. Ni en Alicante ni en Elche se han autorizado prestaciones.
La última ayuda ofrecida por el Gobierno a los jóvenes ha sido de 210 euros mensuales para el alquiler de una vivienda. En Alicante se han recibido 837 solicitudes para esta renta de emancipación, de las que el Instituto Valenciano de la Vivienda sólo ha resuelto 87. Los socialistas han criticado que el Consell sólo ha habilitado una oficina en la provincia para tal fin.