A. T.
L
a concejal socialista en el Ayuntamiento de Alicante Carmen Sánchez Brufal acusó ayer al equipo de gobierno de la ciudad de estar actuando "por encima de las leyes" con Inusa, la mercantil que gestiona la recogida de basuras, al pagarle por un servicio que no se está prestando. La edil aludía de esta forma a los cerca de 134.000 euros que la citada empresa está cobrando por tratar los residuos, cuando en realidad únicamente se están enterrando. Asimismo, exigió saber el "coste ambiental" que esto puede suponer.
Sánchez Brufal destacó el "quebranto" económico que se está produciendo por esta "facturación indebida", y recriminó al PP que esto repercute en "todos los ciudadanos" que pagan el correspondiente impuesto. También hizo hincapié en que "se desconoce desde cuándo se entierra la basura", así como si existe "voluntad del Ayuntamiento" para "reconducir" esta situación. En cualquier caso, consideró que se trata de un ejemplo de "la inadmisible actitud municipal de defender los intereses de las empresas", en lugar de a la población.
A su juicio, esto crea la "sensación de que no todos somos iguales", dado que, según dijo, "si un ciudadano o una empresa pequeña cometen una irregularidad, son sancionados", mientras que con Inusa "no se sabe lo que se está consintiendo". En este sentido, recalcó que la mercantil "está obligada a reflejar la verdad en los servicios prestados", y no llevar a cabo este "mal ejemplo que desmoraliza a los ciudadanos".
También insistió en que "la salud de los alicantinos está en el entredicho", al estarse quemando 317.000 toneladas de basuras anuales. Sánchez Brufal recordó, al respecto, que la planta de Fontcalent "debería recibir sólo los residuos de la ciudad de Alicante".