El Consell destina a la Ley de Dependencia dos tercios de lo que recibirá del Gobierno

A. TERUEL E
l Consell prevé destinar este año a la aplicación de la Ley de Dependencia en la Comunidad sólo en torno a un 68 por ciento de lo que recibirá del Gobierno. Los Presupuestos de la Conselleria de Bienestar Social reflejan la transferencia de casi 57,8 millones de euros desde el Ministerio de Trabajo para la puesta en marcha de distintas prestaciones. Sin embargo, la Generalitat podría llegar a recibir cerca de 84,5 millones de euros de los fondos estatales.
A finales del año pasado, el Gobierno anunció que durante 2008 dedicaría un total de 871 millones de euros a la aplicación de la ley. En 2007, a la Comunidad le correspondió un 9,7 por ciento del dinero del Estado, un porcentaje susceptible de mantenerse este año o, en todo caso, de no variar de forma sustancial. De esta forma resultarían los citados casi 84,5 millones. No obstante, todas las partidas previstas sólo suman 54,6 millones procedentes del Ministerio. A ellos hay que sumar otros 3,2 millones, según la modificación de crédito publicada el pasado día 13 en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV);. Así, se desconoce a qué se podría destinar la cantidad restante.
Para el portavoz de Bienestar Social del PSPV en las Cortes, Antonio Torres, esta escasez presupuestaria es "la prueba más evidente" de la "falta de voluntad" para poner en práctica la Ley de Dependencia en la Comunidad. Al respecto, recalca que las partidas correspondientes deberían sumar "al menos 170 millones de euros", dado que la ley "prevé una financiación al 50 por ciento" entre el Estado y las autonomías. El diputado critica la "ingeniería financiera de la Conselleria" que "cambia el destino" de los fondos, y denuncia que no se llegue siquiera a consignar una cantidad similar a la que podría llegar desde el Gobierno. Torres interpeló la semana pasada al conseller de Bienestar Social, Juan Cotino, acerca del grado de aplicación de esta ley.
El parlamentario socialista lamenta que el responsable del PP "no dijera cuántas solicitudes de ayudas hay pendientes", ni tampoco datos acerca de las personas que todavía están esperando a ser valoradas. En este sentido, acusa a la Generalitat de "incumplir su propio plazo", dado que, según afirma, desde la Conselleria se dijo que en agosto de 2007 habría 12.000 personas valoradas y a día de hoy "no hay prácticamente ninguna". El portavoz parlamentario asegura que "hay 25.000 personas sin respuesta". Asimismo, denuncia que cada solicitud suponga "32 pasos burocráticos", que califica de forma "intencionada" de ralentizar el proceso.
También el otro grupo de la oposición en las Cortes denuncia este retraso. El diputado de EU-Compromís Lluís Torró alude a "la pérdida de un año en una ley que eleva las prestaciones a derecho", al tiempo que hace hincapié en la "intención de generar negocio" subcontratando y privatizando servicios.