REDACCIÓN
A sólo un día del inicio oficial de la campaña electoral, el Gobierno autonómico firmó ayer con cuatro sindicatos un acuerdo «histórico» que contempla mejoras laborales y sociales para 17.000 funcionarios (el 14% del total);. Entre otros compromisos, el acuerdo incluye el desarollo de la carrera profesional desde el 1 de enero de 2010, lo que representa entre 300 y 800 euros mensuales para cada trabajador público. En suma, unos 41 millones de euros que los firmantes consideran «imprescindibles» para «compensar» la pérdida de poder adquisitivo del sector público desde 1990, cifrada en un 15%.
La Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas firmó el acuerdo con los sindicatos UGT, CC OO, CSI-CSIF y STAPV, que representan al 88% de los funcionarios valencianos y la totalidad del personal empleado. Del convenio quedan fuera los trabajadores públicos de sanidad, enseñanza y justicia, departamentos con competencias y fondos transferidos y cuya regulación funciona de forma diferente al resto. Trabajadores públicos de estos colectivos ya firmaron subidas salariales entre diciembre de 2006 y mayo de 2007, en el contexto de otro proceso electoral, en este caso las autonómicas y municipales. La cifra total de funcionarios en la Comunidad asciende a 120.000.
Una de las novedades que introduce el documento firmado ayer es el compromiso de desarrollar la carrera profesional a partir del 1 de enero de 2010, lo que puede suponer un incremento «de entre 300 y 800 euros mensuales para cada trabajador público» dependiendo de su grupo, según ha precisado el representante de UGT-PV, Luis Lorenzo. Esta carrera profesional es, en palabras del conseller de Justicias, Fernando de Rosa, una forma de «plantear retos» a los funcionarios para evitar su «acomodamiento». «Éste es el primer acuerdo firmado en España que habla de una nueva Ley de Función Pública y de la carrera profesional». El representante de STAPV, Adel Francés, precisó que la cuantía de la partida para poner en marcha la carrera profesional «se negociará posteriormente, aunque se está hablando de unos 41 millones de euros», y la ha considerado imprescindible por la pérdida de poder adquisitivo que han sufrido desde 1990 y que ha cifrado en un quince por ciento.
Asimismo, otro de los objetivos del pacto alcanzado hoy es el de reducir la temporalidad en el sector público valenciano hasta lograr una tasa inferior al 5 por ciento. «Antes de firmar el Pacto de Estabilidad y ofrecer más de 4.000 plazas, la temporalidad se situaba sobre el 30 por ciento. Espero que a finales de este año se quede en el 11 por ciento, a lo que hay que sumar las plazas», ha destacado el conseller. Igualmente los funcionarios verán aumentar su masa salarial en un 0,5 por ciento en 2008 y 2009, lo que supondrá un gasto de cuatro millones de euros por cada año.
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