JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ
L
a Audiencia Provincial comenzó a juzgar ayer una de las mayores estafas a centros de estética en España con la comercialización de un nuevo aparato de depilación láser. Los dos acusados vendieron más de 135 máquinas por todo el país, a pesar de que no tenían ningún láser instalado, tan sólo un haz de luz roja. Los acusados aseguraron ayer que ellos eran meros comerciales y que COEPA avaló el método cuando ambos trataban de introducirlo en España, ya que le pidieron informes antes. El fiscal pide para ambos una pena de cuatro años por un delito continuado de estafa. Un total de 63 centros denunciaron al comprobar que la máquina no funcionaba y hacían frente a una avalancha de clientas insatisfechas por la falta de resultados. Las afectadas dice que han perdido credibilidad, y aparte de los 63 centros denunciantes hay centenares de clientes a las que han tenido que compensar, algunas incluso fueron a la vía judicial.
Los dos procesados comenzaron a comercializar en el año 1999 un nuevo y "revolucionario" método de depilación por técnica de láser no invasiva a un precio de tres millones de las antiguas pesetas por aparato y con un seguro que garantizaba la devolución del dinero si el cliente no quedaba satisfecho. Entonces, un láser podía tener un coste de siete a quince millones. El aparato estaba supuestamente patentado en Francia y los procesados consiguieron el contrato en exclusiva para España. Los acusados dijeron que las primeras quejas se recibieron a los siete meses y que se debían a que el tratamiento no evolucionaba adecuadamente y que el fabricante les indicó que el problema era el tipo de cera utilizada y se probó con otras mezclas.
El abogado de la acusación particular, José María Bueno, que representa a la Federación de Centros de Estética, señaló que el cambio de cera era un táctica para ir ganando tiempo mientras continuaban con la comercialización del producto, y que la única gestión con COEPA fue una comprobación sobre la viabilidad de la póliza cuando ya ven??-dían el aparato.
Sobre el seguro, dijeron que el fabricante tenía contratado una casa de garantías sin representación legal en España y que fue sustituida por otra empresa que quebró. Los procesados atribuyen las querellas al hecho de que ya no había compañía que asegurara los tratamientos. Uno de los acusados fue absuelto por estos hechos en otro procedimiento en Granada. Ambos mantuvieron que había centros que siguen usando el método. Los afectados no conocen cuáles son ni a nadie que haya cobrado del seguro.