El Consejo Social de la UA tacha de alarmante el retraso de la financiación al Campus

VICTORIA BUENO L
a Conselleria de Universidades convirtió ayer la reunión prevista sobre la financiación de las universidades públicas valencianas con los presidentes y secretarios de los consejos sociales y al margen de los rectores, en un mero encuentro en el que prometió estrechar relaciones con la sociedad a través de estos organismos.
El único documento que se entregó a los presidentes de consejos sociales, entre los que se encontraban Ricardo Ferré y Emilio Cano de las universidades de Alicante y Elche respectivamente, fue la Ley de Consejos Sociales que aprobó el Consell hace ya cinco años y que todos ellos tienen ya muy presente, como resaltó Ferré al término de la reunión.
La iniciativa de dejar para otro momento el arranque de la negociación del nuevo plan de financiación, cuyo pistoletazo de salida había anunciado esa misma mañana el conseller Font de Mora, partió del propio secretario autonómico Emilio Barberá "y a todos nos ha parecido muy bien que sea a tres bandas e incluya a los rectores", señaló Ferré, aunque también confesó que los retrasos financieros del Consell hacia los campus son "reiterados y alarmantes" y que no puede demorarse mucho más la nueva financiación.
Barberá también conminó a los representantes de los Consejos a preparar antes de junio un estudio social sobre la reforma de las titulaciones a Europa que pretende cruzar con el académico que elaboren las universidades. Por otra parte anunció que L'Agència Valencia d'Avaluació i Prospectiva (AVAP); evaluará a las todas las universidades, públicas y privadas, al profesorado y los proyectos de I+D para seleccionar los mejores. Habló de "mejorar la calidad del sistema investigador y científico valenciano" por lo que los campus "están obligados" a ese control evaluador y comparativo con determinadas escalas de valores internacionales. Los resultados de los informes se harán públicos "para que las entidades puedan tomar las pertinentes decisiones".