VICTORIA BUENO
Las instalaciones de la Escuela Infantil Rayuela de Alicante, una de las 17 públicas de la provincia pertenecientes a la Generalitat, carecen de protección para los niños que escolariza entre 9 meses y 3 años de edad: radiadores sin cubiertas, elevados bordillos de piedra que los pequeños tienen que sortear en el patio junto a juegos y bancos de hierro, amén de los desniveles y escalones en todo el recinto.
Hartos de esperar soluciones que no llegan por parte de la Administración desde hace ya siete años, pese a sus reiteradas reivindicaciones, ayer se reunieron padres y madres en el centro pero no para dejar a sus hijos en unas instalaciones que provocan numerosos partes de accidentes cada mes, sino para llevárselos andando hasta la sede de la dirección territorial de Educación como medida de protesta.
La reforma de estas instalaciones data de un compromiso de la Administración en el curso 2002-03, en que se anunció el proyecto inicial. Ayer, siete años después, desde la propia dirección territorial de Educación se hizo saber a los preocupados padres que al menos harán falta un mínimo de otros tres meses de papeleo hasta poder dar vía libre a la ansiada reforma presupuestadas con 199.000 euros, por lo que el colectivo no descarta nuevas medidas de presión.
En su trayecto desde el barrio de San Blas donde se encuentra la escuela hasta el edificio de Educación se toparon -después de atravesar las vías por el paso a nivel de Ausó y Monzó, carritos de bebé incluidos- con agentes de la Policía que les pidieron su identificación. Los padres hicieron ver a los agentes que sus hijos no están en edad escolar obligatoria y que simplemente iban de paseo hacia la sede de Educación aunque la reivindicación resultaba evidente y vistosa por las pancartas que les acompañaban. No obstante la Policía se limitó a acompañarles porque no estaba en su ánimo interrumpir el tráfico. La protesta se saldó con el compromiso del subdirector territorial, Antonio Esclapés, de reunirse con los representantes de la AMPA cada día 14 de mes para hacer un seguimiento de la reforma, mientras los padres entregaron en Registro varias cartas firmadas con la huella de sus bebés en las que piden "una guarde chula y que no haga pupa".