J. E. MUNERA
Los resultados del primer mes de aplicación en la provincia del plan de ayudas al alquiler para la emancipación de los jóvenes son raquíticos: la Generalitat sólo ha aprobado 25 de las 422 solicitudes presentadas, a pesar de que el Ministerio de la Vivienda cifra en 1.300 los jóvenes alicantinos que están en condiciones de acogerse a este programa de renta básica. El PSPV acusa al Consell de "boicotear" esta iniciativa del Gobierno central con sucesivas trabas como la exigencia de hasta 17 documentos para los aspirantes a las ayudas frente a los tres requisitos demandados en Andalucía y los seis de Cataluña. Por su parte, el Ejecutivo autonómico presentará ante el Tribunal de Competencias un conflicto de competencias al Gobierno por entender que las decisiones sobre vivienda en la Comunidad son responsabilidad exclusiva de la Generalitat.
El pasado 2 de enero entró en vigor la denominada Renta Básica de Emancipación -una iniciativa del Gobierno para fomentar el alquiler "y ayudar a miles de jóvenes a iniciar una nueva vida por su cuenta"- por la que concede una ayuda directa de 210 euros mensuales a percibir durante un máximo de cuatro años, un préstamo de hasta 600 euros para la fianza y un pago de 120 euros para el coste financiero del aval. Estas ayudas están dirigidas a los jóvenes de entre 22 y 30 años con una fuente regular de ingresos que no supere los 22.000 euros brutos anuales, y que sean titulares del contrato de arrendamiento de su vivienda habitual. Las peticiones de ayudas deben entregarse en las oficinas de ventanilla única de vivienda de las comunidades autónomas, que, a su vez, son las encargadas de tramitar las solicitudes, evaluarlas y comunicar la resolución al ministerio para que sea éste quien pague la subvención.
En el caso de Alicante, más de 2.800 jóvenes se han informado sobre las ayudas en el primer mes de vigencia, pero sólo 422 han podido presentar oficialmente la solicitud y, finalmente, 25 han recibido la aprobación por parte de la Generalitat. "El boicot, la falta de interés y las trabas por exceso de documentación y falta de puntos de información son las causas de esta ínfima proporción de ayudas autorizadas", explicó María José Salvador, portavoz de Vivienda del PSPV en las Cortes Valencianas. Y es que, según Salvador, el Consell ha convertido en "una carrera de obstáculos" el proceso para acceder a estas ayudas desde el momento en que exige hasta 17 documentos en su formulario frente a los de otras comunidades como Andalucía y Cataluña, que los han dejado en tres y seis requisitos, respectivamente. En este punto -y como se aprecia en el cuadro adjunto-, la documentación requerida por la Generalitat es mucho más prolija e incluye requisitos que no son tenidos en cuenta por otras comunidades. "Además", explicó Salvador, "en el primer mes han cambiado dos veces el formulario, lo que ha obligado a muchos aspirantes a rehacer sus solicitudes y ha hecho desistir a muchos otros". El Ministerio de la Vivienda calcula que un total de 16.000 jóvenes de la provincia cumplen los requisitos para acceder a estas ayudas para el alquiler durante 2008, lo que equivaldría a un ritmo mensual de 1.300 solicitudes autorizadas cada mes por la Generalitat.
Conflicto de competencias al ministerio
El Ejecutivo que preside Camps acordó en su última reunión del viernes pasado plantear ante el Tribunal Constitucional un conflicto de competencias al Gobierno del Estado relativo al decreto que regula la Renta Básica de Emancipación de los Jóvenes. La decisión del Consell no ha impedido la puesta en marcha por parte de la Generalitat de las oficinas, personal y medios para atender las solicitudes de estas ayudas desde el 2 de enero. Aunque la Generalitat asegura que los jóvenes de la Comunidad pueden cursar "con perfecta normalidad" sus peticiones en las tres provincias, el PSPV mantiene que esas oficinas se ocupan en exclusiva de las ayudas para el plan estatal de rehabilitación, pero no para la renta básica. El Consell mantiene en el conflicto ante el Constitucional -y anteriormente en un requerimiento de incompetencia al Gob?ierno- que el Real Decreto que regula la renta básica "supone una vulneración de las competencias autonómicas en materia de vivienda y de la autonomía financiera de la Comunitat Valenciana". El Consell -que tiene su propio plan de ayudas al alquiler- considera que el Estado carece de título competencial para condicionar con el detalle con que lo hace este plan la política de vivienda que cada comunidad decida aplicar "en uso legítimo de sus competencias".
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