El abogado, Enrique Cutillas, ha afirmado que había interpuesto esta mañana ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Alicante -que emitió el auto- un recurso de reforma, en el que alega que su cliente, M.B., tiene arraigo en España.

En concreto, recoge que el transexual argelino tiene una pareja de hecho que ha manifestado por escrito que viven juntos desde hace dos años y medio y de la cual depende económicamente, así como que M.B., de 23 años, fue poseedor en 2003 de una tarjeta de residencia y trabajo que caducó un año más tarde.

Cutillas ha explicado que también ha incluido en su escrito la "desproporcionalidad" de la sanción, aunque ha reconocido que jurídicamente "no es el momento de discutir la expulsión" y ha insistido en que el objetivo ahora es cesar el internamiento.

En declaraciones a EFE, el letrado ha destacado que el motivo "más sangrante" alegado es la posibilidad de ejecutar la expulsión del ciudadano argelino, medida que "le puede suponer un riesgo o privar de unos derechos de los que aquí afortunadamente disfruta".

M.B. fue detenido en febrero de 2007 por la Policía, que inició contra él una propuesta de expulsión por infracción de la Ley de Extranjería, la cual fue refrendada en julio de ese mismo año.

El pasado miércoles, el transexual argelino fue arrestado porque tenía pendiente la orden de expulsión y puesto a disposición judicial del Juzgado de Instrucción número 1 de Alicante, cuyo titular dictó su internamiento en un centro de Valencia para hacer efectivo el mandato.

Según Cutillas, su cliente permanece en el módulo de mujeres del citado centro, lo que supone que el Estado "reconoce su identidad femenina" y por lo que, en su opinión, la expulsión, de llevarse a cabo, constituiría una "incoherencia".

"La Administración reconoce que es una mujer, pero si le expulsan o ejecutan la orden, en su pasaporte dirá que es hombre y en Argelia esta disparidad" entre su identidad oficial y personal "puede suponer un riesgo", ha argumentado el letrado.

A su juicio, en este caso debe actuar el derecho de protección internacional que se podría otorgar a través del asilo, un beneficio que, ha anunciado, está previsto que se solicite en menos de 24 horas al Gobierno.

Cutillas ha indicado que si esta solicitud se admite a trámite, M.B. saldría del centro de internamiento y quedaría en libertad amparado por asistencia jurídica a la espera de la resolución que podría dictarse en un plazo de dos meses.