MANUEL DOPAZO
El Consell, a través del Conseller de Medio Ambiente y Urbanismo, José Ramón García Antón, dictará en breve un decreto para rectificar y ampliar en seis meses el plazo de vigencia de la aprobación inicial (oficialmente llamada "concierto previo"); del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU);. El decreto es un "taje a medida" para el alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, ya que evitará la caducidad del documento que viene tramitando desde hace ocho años.
El decreto que prepara la Conselleria de Urbanismo modifica exclusivamente el apartado 4 del artículo 216 del decreto del 13 de abril de 2007, en el que se establece que el concierto previo del PGOU caducará al año si antes no se expone al público, lo que obligaría, prácticamente, a partir de cero en la redacción del Plan General. La modificación que introducirá García Antón es una "disposición final" de tres líneas en la que se establece, textualmente, que "el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su íntegra publicación en el Diario Oficial de la Generalitat, salvo el artículo 216.4 de este Reglamento, que entrará en vigor a los seis meses de su publicación".
Estos seis meses es el tiempo que precisa el alcalde de Alicante para exponer al público el PGOU y evitar la caducidad del documento pues hay que recordar que la conclusión del Plan General de Alicante se prevé adjudicar en las próximas semanas y el plazo de redacción del mismo es de cinco meses.
El carácter de decreto "ad hoc" con respecto al PGOU de Alperi se manifiesta también al advertir el conseller que los seis meses más de plazo se aplicarán con carácter retroactivo, lo que obliga a García Antón a dar explicaciones y a argumentar que "no es una quiebra del principio de irretroactividad previsto en la Constitución al no tratarse de una disposición sancionadora o restrictiva de derechos individuales". Esta aplicación retroactiva es vital para el alcalde, ya que de no ser así tampoco podría evitar la caducidad del concierto previo.
Se dará la circunstancia, cuando se aplique este decreto, que el concierto previo del PGOU del Ayuntamiento de Alicante permanecerá vigente pese a que se aprobó hace casi cinco años, por las prórrogas, por la aplicación de la irretroactividad del decreto de abril de 2007 que fijaba un año de plazo para la caducidad, y por la aplicación ahora de la retroactividad para ampliar el plazo seis meses y salvar al documento.
Este decreto deja en evidencia a la directora general de Ordenación del Territorio, Soledad Martínez Reig, quien en septiembre del pasado año remitió un escrito en el que en el que advertía a los ayuntamientos, con claridad meridiana, que "para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 216.4, el Ayuntamiento debía efectuar la información pública del Plan General, con anuncio en el Diario Oficial de la Comunidad, conforme al artículo 83.2 de la Ley Urbanística Valenciana antes del 18 de abril de 2008, todo ello al objeto de evitar el decaimiento del concierto previo".
De haberse aplicado el decreto, sin la rectificación que va a introducir García Antón, el concierto previo del PGOU habría caducado el 18 de abril próximo y el alcalde no tendría otra opción que volver a tramitar el PGOU partiendo prácticamente de cero. Esta rectificación de García Antón, sin embargo, permite al alcalde seguir tramitando un plan que se adjudicó a finales de 1999 y que, por lo tanto, se prolonga ya ocho años, lo que ha provocado un "completo desfase" del documento, como lo reconoce el propio Ayuntamiento en el texto de las condiciones fijadas en el concurso para adjudicar la conclusión del Plan. Este desfase provocará que tenga que adaptarse a 13 normas de distinta categoría que han entrado en vigor con posterioridad. Algunas de estas normas son la Ley de la Calidad de la Edificación, la Ley de Ordenación del Territorio y de Protección del Paisaje, la Ley de Suelo No Urbanizable y la Ley Urbanística Valenciana del año 2005.
"Es increíble, vergonzosa y roza la ilegalidad"
Ecologistas en Acción, que conoció ayer la propuesta de decreto del conseller García Antón, expresó su indignación por este "traje a medida" y calificó la decisión del Consell de ""increíble y vergonzosa", y afirmó que "roza la ilegalidad". El portavoz de este grupo ecologista calificó de inadmisible que se modifique un artículo de un decreto "sólo para el beneficio del alcalde de un Ayuntamiento (en referencia a Luis Díaz Alperi); que ha demostrado su dejadez y no ha hecho los deberes al no cumplir los plazos, porque lleva ocho años tramitando el Plan General de Ordenación Urbana".
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