J. F.
El Partido Popular se juega en las próximas elecciones generales cinco diputados con el PSOE en Aragón y en Castilla-La Mancha, las dos autonomías que más se han significado en su oposición a trasvasar agua a la Comunidad en las condiciones que pretende el Consell. Los cinco escaños en el Congreso de los Diputados equivalen a apenas 15.000 votos en circunscripciones electorales donde la diferencia de apoyos en las urnas es mínima y puede inclinar la balanza por uno u otro partido el próximo 9 de marzo.
Conscientes de que en los próximos comicios Rajoy necesitará hasta la última papeleta para presidir el Gobierno, desde la sede nacional del partido, los populares trabajan contra el reloj para intentar consensuar antes del sábado, en que se presenta el programa electoral, la redacción de una propuesta común en materia de agua que no abra heridas entre territoriales del PP que tienen el trasvase del Ebro en el centro del debate político: una por reclamarlo, la Valenciana, y la otra por oponerse, Aragón.
A ellas se suma Castilla-La Mancha, donde el aumento de caudales del Tajo al Segura suscita recelos tanto en el Gobierno (PSOE); como en la oposición (PP); de esta autonomía. El secretario general, Ángel Acebes, fracasó el martes en el primer intento por apaciguar las aguas populares.
En la provincia aragonesa de Teruel y en las castellano-manchegas de Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo, el número de votos que separa a los dos grandes partidos de la consecución de un puesto en el Congreso es insuficiente para dar por ganada la contienda a un mes de los comicios. Si tan difícil es para el PP unificar posturas en Comunidad Valenciana, Aragón, y Castilla-La Mancha es por las consecuencias que la inclusión del trasvase del Ebro en el programa electoral tendría para las pretensiones electorales de Mariano Rajoy. El enorme suelo de apoyos que el PP atesora en las comunidades Valenciana o Murciana deja a la formación con suficiente margen como para que la ausencia del trasvase del Ebro del programa apenas tenga consecuencias en las urnas el próximo 9 de marzo.
Pero en autonomías tradicionalmente reacias a trasvasar "al Levante desarrollista", la apuesta por reeditar la conducción desde el Ebro, derogada en 2004, sí amenaza los deseos de Mariano Rajoy de suplir a Rodríguez Zapatero en la Moncloa.
En Aragón gobierna el PSOE con apoyo de un partido regionalista. Los socialistas fueron los más votados en las elecciones de 2004. Los tres partidos rechazan el trasvase del Ebro, pero si hay una provincia donde la promesa de esta infraestructura puede cambiar el escenario electoral es Teruel. En 2004, sólo 232 votos separaron al PP del PSOE y dieron a éste dos de los tres escaños. Para los intereses populares, resucitar el trasvase sería fatal en esta circunscripción hasta el punto de poner en riesgo el escaño.
El PP castellano-manchego tampoco se atrevió ayer a apoyar el trasvase del Ebro como quiere Camps y se limitó a efectuar una manifestación universal de solidaridad. En esta autonomía, el partido de Rajoy tiene 11 diputados por 9 del PSOE, y en cuatro provincias, la pelea fue muy reñida en 2004. La ventaja en escaños se resolvió por 4.700 votos en en Ciudad Real (PSOE);; 5.800 en Cuenca (PP);; 4.100 en Guadalajara (PP); y 3.500 en Toledo (PP);. A uno y otro les separa un solo diputado de diferencia.
En este escenario, el presidente de la Generalitat comenzó a recular y matizó ayer su aseveración de hace sólo diez días, cuando aseguró que "lógicamente", el trasvase del Ebro se incluiría en el programa electoral que Rajoy presenta el sábado.
En un acto de partido, Francisco Camps declaró que Rajoy hará, en caso de ganar las elecciones, que el agua, así como todos los recursos existentes en España, estén "siempre al servicio de todos los españoles". El jefe del Consell añadió que Rajoy apoyó las reformas de los estatutos valenciano y aragonés, de los que ha dicho que son "leales con toda España", y ha apuntado que de esta manera "se concilian los intereses de pueblos que caminan juntos de la mano por la historia de España, junto a los catalanes, castellanomanchegos, murcianos, andaluces y extremeños". Ya sin menciones al Ebro, Camps afirmó que el programa del PP "habla de que todos los territorios serán exactamente igual de bien tratados en infraestructuras, propuestas, inversiones y agua".