EFE
En su denuncia Franco recuerda que, por una orden judicial que "ni se discute ni se cuestiona", unas sesenta familias fueron desalojadas de las casas que ocupaban en el citado barrio.
El Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA); solicitó el desalojo después de que la Administración autonómica detectara problemas de titularidad en las casas, falta de higiene y posible comisión de delitos, especialmente de narcotráfico.
Según Franco, desde el día del desahucio, unos "cincuenta menores, algunos de ellos de muy escasa edad, se encuentran desamparados en la calle", ya que duermen "a la intemperie" y están "sin escolarizar, sin higiene y sin asistencia mínima alguna, ante la total y absoluta pasividad de las Administraciones competentes, en este caso, la Generalitat y el Ayuntamiento".
Alega que, según la Constitución, los poderes públicos tienen la obligación de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia, y dentro de ésta, con carácter singular, la de los menores.
En su opinión, ese imperativo legal y moral "se está incumpliendo de forma flagrante" en este asunto, pues los menores de las familias desalojadas llevan más de 72 de horas en situación de "desamparo".
"Lo que es más grave" es que esta situación no tiene "visos de solución", expone Franco en su denuncia interpuesta hoy ante el ministerio fiscal.
El candidato socialista entiende que la "omisión" de las actuaciones competentes vulnera también diversos tratados ratificados por España en los últimos años, "muy especialmente" la Convención de Derechos del Niño de la ONU y la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor.
Recuerda que el artículo 14 de esta ley recoge textualmente que "las autoridades y servicios públicos tienen la obligación de prestar la atención inmediata que precise cualquier menor, de actuar si corresponde a su ámbito competente", de "dar traslado en otro caso al órgano competente" y de "poner los hechos en conocimiento de los representantes legales del menor" o del ministerio fiscal.
Dada "la situación de extrema urgencia y vista la actuación de las Administraciones competentes", Franco pide que el ministerio fiscal actúe directamente para que se proteja a los menores desamparados o que ordene la intervención de las administraciones competentes.