El fiscal amplía su acusación e imputa a 4 de los procesados en el caso Caja de Alcoy por apropiación indebida

El ministerio fiscal amplió hoy los cargos contra cuatro de los acusados por la presunta quiebra fraudulenta de la Caja de Crédito de Alcoy, y acusó al director general, junto al director de la oficina y a dos miembros del consejo rector -- María del Carmen R. L. y Miguel R.B.--, de un delito de apropiación indebida, por el que les pide un año de prisión. Esta pena se suma a los seis años de prisión que reclama a cinco de los acusados por un delito de insolvencia punible.

EUROPA PRESS Durante la novena sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Alicante por la presunta quiebra fraudulenta de la entidad, concluyeron sus declaraciones los cuatro peritos contables --iniciadas ayer miércoles-- que expusieron los detalles sobre la situación de la entidad, y sobre las causas que motivaron su suspensión de pagos y posterior quiebra en 1995.

Tras este testimonio, el fiscal informó de que mantiene su petición de penas de seis años, por un delito de insolvencia punible, para cinco de los acusados que se sientan en el banquillo: el director general, Jesús L.F., y su hijo, y director de la oficina Jesús L.L.; Mercedes L.C., subdirectora general; y los miembros del Consejo rector de la entidad, Ángel L.L. y Miguel R.B.

Para ellos, el fiscal también pide inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, inhabilitación especial para profesión y oficio relacionado con la actividad propia de las entidades de crédito durante el tiempo de la condena, multa de 24 meses, con cuota diaria de 500 euros, con aplicación del artículo 53 del Código Penal, en su caso, y costas.

Además, pide que los acusados indemnicen conjunta y solidariamente a la mesa de los acreedores de la entidad quebrada con la cantidad de 2.885.371 euros, sin perjuicio de que se fijar otra cantidad en función de lo que se pueda recuperar.

El fiscal amplió hoy no obstante su acusación a cuatro de los imputados, --el director general, su hijo, y dos miembros del consejo rector, Miguel R.B. y María del Carmen R.L.-- a quienes considera presuntos autores de un delito de apropiación indebida, por el que pide pide una pena de un año de prisión para cada uno de ellos.

En este sentido, en la exposición de su informe, el ministerio fiscal afirmó que a la vista de las declaraciones de los acusados, testigos y peritos, en su opinión está demostrado que la quiebra se produjo por los "balances maquillados" presuntamente elaborados por los acusados, la concesión de préstamos sin garantías, la carencia de acciones para cobrar los préstamos concedidos, la falta de libros contables 1993 y 1994 y las imputaciones de gasto en activos.

Además, remarcó que existió la sustracción de fondos por parte de cuatro de los acusados, y la situación general de quiebra se vio agravada por esta sustracción que, según dijo, "llevó el dinero a sus bolsillos particulares".

De este modo, el fiscal relató varias de las operaciones de concesión de préstamos que, pese a quedar impagados, fueron renovados con cantidades superiores, así como la extracción de dinero de la caja que "agravó de forma maliciosa y con dolo directo el perjuicio de la masa de acreedores" de la entidad.

Así, reseñó en diferentes momentos de la jornada, que la "participación directa" del director general y de su hijo, así como de la subdirectora de la entidad fue "necesaria" para "dejar la caja sin bienes, como ocurrió".

Respecto al resto de los procesados --todos ellos miembros del consejo rector de la entidad--, el fiscal estimó que no tienen responsabilidad por no haber controlado lo que "otros estaban haciendo".

DEFENSA Y ACUSACIÓN.

Por su parte, la acusación particular mantuvo su petición de 40 años de cárcel para los diez procesados, entre los que sí en incluyen todos los miembros del consejo rector de la entidad alcoyana.

Además, la acusación particular acusa a los imputados de un delito societario y otro de apropiación indebida, y también de insolvencia punible, y solicitan más de cuatro millones de euros en concepto de responsabilidad civil subsidiaria.

Por su parte, el abogado defensor del director general y de su hijo, pidió hoy la extinción de responsabilidad penal de sus clientes, al estimar que los delitos que se les imputan se encuentran prescritos, ya que se remontan a los años 1990 a 1995.

Al respecto, el fiscal en su informe avanzó que los supuestos previstos por la Ley para que un delito prescriba no se ajustan a la situación de los dos acusados mencionados, según observó, ya que durante todo este tiempo se han desarrollado numerosos procesos judiciales.

HECHOS.

Los hechos que se juzgan en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial se remontan al año 1993, cuando los directivos de la entidad, ahora procesados, presuntamente cometieron operaciones fraudulentas y un delito de insolvencia punible.

En su escrito de acusación provisional, el fiscal acusa a cinco directivos de Caja Alcoy, para los que solicita seis años de prisión por conceder créditos sin las debidas garantías, lo que provocó la suspensión de pagos y la quiebra de la entidad que afectó a más de 1.500 clientes.

Por su parte, la acusación particular, pide 40 años de cárcel, ya que incluyen en sus acusaciones a todos los miembros del consejo rector de la entidad alcoyana, algunos de los cuales no han sido acusados por el fiscal.

Además, acusan a los imputados de un delito societario y otro de apropiación indebida y también del de insolvencia punible, y solicitan más de cuatro millones de euros en concepto de responsabilidad civil subsidiaria.