SYLVIA ESCRIBANO
Colchones, mantas, muebles y enseres, restos de comida, basura, hogueras encendidas y decenas de mayores y niños malviviendo en plena calle. La marginalidad y la insalubridad por la que se desalojó el "callejón de la muerte" del barrio alicantino de Virgen del Carmen el lunes no ha desaparecido, sólo se ha trasladado unos metros y ahora se puede ver a la luz del día. Frente a los bloques de los que fueron desahuciadas más de cuarenta familias, acampan día y noche medio centenar de personas, la mitad menores. Los afectados rechazan el cobijo para menores y embarazadas ofertado por la Conselleria de Bienestar Social un día después de la operación policial porque no quieren separarse de sus hijos y maridos, prefieren continuar a la intemperie. Allí siguen sin que ninguna administración haya hecho nada para evitarlo y hayan permitido un asentamiento en plena calle.
Se trata de los residentes de una treintena de pisos que no fueron realojados por problemas de convivencia, tráfico de drogas, ocupación ilegal o impagos, como sí ocurrió con los vecinos de doce domicilios que cumplían las normas. "Queremos una casa, un techo o un lugar donde dormir", gritan con desesperación las decenas de personas que se han quedado en la calle y aseguran que no la abandonarán hasta lograrlo. Mientras, desde el Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA); -organismo del que dependen las 65 casas del "callejón de la muerte" y que solicitó al juez los desalojos- insisten en que, precisamente, se han quedado sin ella por no saber convivir, no pagar los alquileres (algunos de unos 12 euros, según los propios desahuciados); o no haberla solicitado formalmente. Además, recuerdan el estado de insalubridad y deterioro en el que se encontraban algunas casas adjudicadas hace sólo siete años, en las que la Generalitat tendrá que gastarse otros 3 millones de euros para rehabilitarlas.
Pero "¿adónde quieren que nos vayamos?", se preguntan. La Policía podría actuar al tratarse de una alteración del orden público, pero, por el momento, ha preferido no hacerlo. El Ayuntamiento tampoco ha tomado cartas en el asunto y la Generalitat se ha limitado a ofrecer acogida a embarazadas o niños y lo ha hecho un día después de los desalojos. Todas las administraciones -local, autonómica y central- se coordinaron para realizar el desalojo, pero todas ellas se han desentendido del conflicto social que nacía tras la operación policial. Prueba de ello es que ningún organismo ha anunciado o ha puesto en marcha medidas contra el asentamiento en plena calle. Mientras, los desahuciados amenazan con permanecer allí por un tiempo ilimitado.
Sólo han pasado tres días, pero los residuos y la suciedad ya se concentran en el improvisado campamento montado frente al desahuciado "callejón de la muerte", donde decenas de operarios siguen sacando escombros y basura de las casas que serán readjudicadas a otras familias en el plazo de dos meses. El foco de marginalidad concentrado en los cuatro bloques desalojados se ha asentado en las calles del barrio y ahora se puede ver lo que antes tapaban los muros: decenas de niños malviviendo y sin ir al colegio. Las madres insisten en que están escolarizados y que "no van a clase porque están sucios y no tienen dónde lavarse en la calle".
Pero ninguna de ellas se acogió a las medidas sociales que ha propuesto la Generalitat, pues tienen "miedo" de que una vez que sus hijos entren en un centro de acogida no se los devuelvan. Tampoco las embarazadas quieren abandonar la calle porque "no podemos dejar a nuestros maridos solos". Así, siguen en ella comiendo, durmiendo en colchones o sofás.
"Usan a niños y ancianos para dar otra imagen"
El alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi (PP);, aseguró ayer que es la Generalitat quien tiene las competencias sobre el desalojo en el "callejón de la muerte", si bien precisó que el Ayuntamiento ayudará a la Administración autonómica "en lo que solicite". Díaz Alperi afirma que la operación contó con la aprobación inicial de los vecinos y de las asociaciones del barrio. Aunque ha asegurado entender que "se debe tener en cuenta a las personas mayores y los niños", ha añadido que "también es frecuente que estas personas [en referencia a los desalojados] les utilicen para dar una imagen muy diferente de la vida real". En su opinión, "el mundo de la droga es muy complicado, y ahí fundamentalmente lo que había era un mundo de droga", en alusión a las numerosas operaciones policiales que se han registrado en este inmueble contra la venta de sustancias estupefacientes.
Denuncian la dejadez y la falta de previsión
El candidato socialista al Senado por Alicante, Ángel Franco, denuncia "los daños colaterales del desalojo, que han provocado un conflicto inhumano" y anunció que hoy presentaría una denuncia ante la Fiscalía de Menores y el Síndic de Greuges para pedir su intervención "ante la falta de coordinación del Ayuntamiento y la Generalitat". Desde la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas, Carlos Gómez Gil, considera que el desalojo "es el ejemplo más grande del abandono al que tiene sometido el alcalde a los barrios" e insistió en que "Ángel Franco dice ahora justamente lo contrario que dijo con el desalojo del Parque Ansaldo". Gómez Gil se pregunta "cómo un barrio nuevo se ha convertido en un foco de exclusión tan grande". La asamblea ciudadana de la Zona Norte convocará la próxima semana a los colectivos gitanos y asociaciones de vecinos para analizar la situación.
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