Denuncian en la UE que Costas aplica la ley de forma arbitraria en la provincia

F. J. B. L
La Plataforma de Afectados por la Ley de Costas ultima la redacción de una nueva queja ante la Unión Europea al considerar que el Ministerio de Medio Ambiente también está aplicando de forma arbitraria la legislación en la Comunidad Valenciana y, en concreto, en la provincia de Castellón, donde los afectados denuncian que se ha permitido la construcción de un planetario y un parque litoral en un sistema dunar asociado a una playa. Una situación idéntico al que sufren las viviendas de Arenales del Sol (Elche); y Santa Pola pero que no tiene solución para Costas. Miembros de la plataforma mantuvieron se reunieron el miércoles en Valencia con el director general de Costas, José Fernández, en un encuentro en el que no hubo ningún acuerdo y que desde la plataforma consideraron ayer "una auténtica estafa porque se presentó con seis personas y no dejó ni hablar a nuestro abogado. Sólo habló él con un discurso que ya aburre", denunció ayer un portavoz autorizado de la plataforma que sólo vio interés político del jefe de Costas en su encuentro con los afectados.
Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente hizo pública una nota en la que apuntó que el objetivo de la reunión fue "mantener un contacto directo con los afectados para resolver sus dudas y especialmente para aclarar algunos malentendidos respecto a la realización de los deslindes, que en ningún caso son sinónimo de derribos".
Fuentes de la Plataforma apuntaron, por otro lado, que durante la reunión el jefe de Costas sólo se refirió a dos casos concretos de Valencia -deslinde del Saler y la urbanización Casbah, cuyos propietarios mostraron hace un par de semanas su rechazo a la propia ministra Narbona cuando visitó Cullera- pero se negó a hablar del resto de los problemas.
El 65% de las viviendas amenazadas de derribo en España por los deslindes que ha realizado la Dirección General de Costas para aplicar la ley aprobada en 1988 se encuentran distribuidas a lo largo de la franja litoral de la provincia, según costa en el primer informe que la plataforma de afectados presentó el viernes pasado a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. En total, en España existen unas dos mil casas construidas, según el Ministerio de Medio Ambiente, invadiendo el dominio público marítimo-terrestre -entre veinte y cien metros de protección, según los casos-, de las que unas 1.300 están en la provincia y el resto repartidas por Canarias, Asturias, Galicia, Valencia y Castellón. La Plataforma calcula que en estos momentos la amenaza de la demolición afecta a unas cinco mil personas en la provincia y reclama al Gobierno central que deje sin efecto el carácter retroactivo de la Ley de Costas o la desafección de los terrenos donde se construyeron las viviendas. Medio Ambiente niega que se esté aplicando retroactividad.
Los propietarios alicantinos que tienen sus casas en zonas donde la aplicación de la Ley de Costas obliga a su derribo residen en la Albufereta -edificios Helios, Rocafel y Torre Alacant-, Arenales del Sol (Elche);, Dénia, Santa Pola y Guardamar y, junto al resto de personas afectadas, ultiman la redacción de una nueva queja que presentarán en Bruselas. Los afectados denuncian la falta de diálogo de los rectores de Costas en Madrid que, según denuncian, no han hecho caso ni a las observaciones ni de los propietarios ni del jefe provincial de Costas en Alicante. Existen casos como el del edificio Torre Alacant de la Albufereta, que teóricamente invade por un metro la zona de dominio público marítimo-terrestre, pero que pudiera ser incluso legal debido que el nuevo deslinde no respetó las marcas originales de los años sesenta, según los afectados.