Los peritos declaran que Caja de Alcoy concedía préstamos sin garantías que luego fueron desatendidos

Los cuatro peritos llamados a declarar hoy sobre el estado de las cuentas de Caja de Crédito de Alcoy, que se declaró en quiebra en 1995 y causó perjuicios a más de 1.500 clientes, confirmaron hoy que la entidad concedió préstamos sin garantías que resultaban impagados y que, en lugar de ser reclamados, eran renovados por mayor importe del inicial impagado.

EUROPA PRESS Durante la octava jornada del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Alicante por la presunta quiebra fraudulenta de la entidad, declararon en calidad de peritos el comisario de la quiebra y tres síndicos apoderados que examinaron la situación de la entidad tras la quiebra.

Así, el comisario de la quiebra Mario B.O. --quien además actuó en 1993 como interventor de la suspensión de pagos de caja Alcoy--, explicó que la concesión de determinados préstamos sin las debidas garantías, que aunque eran impagados después eran renovados con otros de mayor importe, fue "el problema más grave de la caja".

A preguntas del Fiscal, uno de los síndicos apoderados José R.B., detalló varios ejemplos recogidos en su informe en los que clientes de la entidad consiguieron préstamos en diversos conceptos que nunca fueron cubiertos, como el caso de un matrimonio y su hija, que el 15 de enero de 1991 contrataron respectivos préstamos hipotecarios por un valor total de 23.700.000 pesetas.

José R.B. detalló que, tras sucesivas renovaciones, estas operaciones supusieron una deuda a la entidad superior a los 90 millones de pesetas, lo que, según subrayó, "no es una práctica habitual y no parece razonable".

En su declaración, José R.B. también se refirió a la concesión de varios préstamos sucesivos a uno de los principales procesados, el director de la oficina de la Caja e hijo del director general de la Caja Jesús L.L. --también imputado-- que a 20 de mayo de 1995, elevaban su deuda a un total de 23 millones de pesetas, que igualmente fueron impagados.

Así mismo, entre otros casos concretos, los peritos explicaron que en febrero de 1990 otro cliente Pedro M.V. pidió un préstamo por importe de 3.900.000 pesetas, que fue impagado al vencimiento y renovado en agosto de 1991 con otro por valor de 3.700.000 pesetas, que igualmente fue desatendido. Dos más tarde, en enero de 1993, la entidad le volvió a conceder otro por importe de 12 millones de pesetas, que elevó la deuda a 15.600.000 pesetas.

Todo ello, para José R.B. demuestra que "había una carencia absoluta de garantías" que dejó "perplejos" incluso a los encargados de realizar la intervención judicial y de examinar el estado de las cuentas, de los cuales, comentó, "no existen los libros de cuentas de 1993 y 1994".

HECHOS.

Los hechos que se juzgan en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial se remontan al año 1993, cuando los directivos de la entidad, ahora procesados, presuntamente cometieron operaciones fraudulentas y un delito de insolvencia punible.

En su escrito de acusación provisional, el fiscal acusa a cinco directivos de Caja Alcoy, para los que solicita seis años de prisión por conceder créditos sin las debidas garantías, lo que provocó la suspensión de pagos y la quiebra de la entidad que afectó a más de 1.500 clientes.

El fiscal pide para cada uno de los acusados, cinco en total, seis años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, inhabilitación especial para profesión y oficio relacionado con la actividad propia de las entidades de crédito durante el tiempo de la condena, multa de 24 meses, con cuota diaria de 500 euros, con aplicación del artículo 53 del Código Penal, en su caso, y costas.

Además, establece que los acusados deberán indemnizar conjunta y solidariamente a la mesa de los acreedores de la entidad quebrada con la cantidad de 2.645.911 euros, que es el resultado de restar a la morosidad de la caja cuando presentó la suspensión, un total de 3.770.828, la cantidad de 1.124.917 euros recuperados por la administración de la quiebra.

Por su parte, la acusación particular, pide 40 años de cárcel, ya que incluyen en sus acusaciones a todos los miembros del consejo rector de la entidad alcoyana, algunos de los cuales no han sido acusados por el fiscal.

Además, acusan a los imputados de un delito societario y otro de apropiación indebida y también del de insolvencia punible, y solicitan más de cuatro millones de euros en concepto de responsabilidad civil subsidiaria.