SYLVIA ESCRIBANO
La Conselleria de Bienestar Social se ha comprometido a ofrecer cobijo en pisos o centros de acogida a las mujeres embarazadas y a los niños desalojados el lunes del "callejón de la muerte", el mayor foco de marginalidad y delincuencia de la provincia ubicado en el barrio Virgen del Carmen de Alicante. No obstante, la medida llegaba ayer después de que medio centenar de personas se viera obligada a dormir en la calle por el desahucio masivo de 65 viviendas de la calle Diputado Joaquín Galant por la insalubridad, problemas de convivencia y tráfico de drogas o por estar ocupadas ilegalmente. Algunos domicilios estaba desocupados y, del resto, doce familias fueron realojadas por cumplir con sus deberes legales, mientras una treintena se quedó en la calle y, aunque algunos fueron acogidos por familiares, otros tuvieron que pasar la noche al raso junto a sus enseres y al calor de una hoguera.
Entre quienes tuvieron que dormir a la intemperie había mujeres embarazadas, bebés, ancianos y muchos niños que, en la mañana de ayer, seguían en la calle junto al "callejón de la muerte" sin ir al colegio. Pese a la situación y preguntada por las medidas a tomar para remediarlo, desde la Concejalía de Acción Social del Ayuntamiento se escudan en que la competencia es de la Generalitat para no ofrecer ninguna solución. Mientras, desde el PSOE y Esquerra Unida critican la falta de previsión de sendas administraciones por no tener planeado qué hacer con las personas desahuciadas que no iban a ser realojadas.
El desahucio, en el que participaron 133 de agentes del Cuerpo Nacional de Policía y 35 de la Policía Local, se produjo por orden judicial y a instancias del Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA); en la mañana del lunes y, desde entonces, han sido detenidas seis personas (tres por causas pendientes y los otros por resistencia y hurto);. La subdelegada del Gobierno en Alicante, Encarna Llinares, valoró la efectividad del desahucio, pero consideró que "era algo que se sabía y, al igual que se preparó el operativo policial, la Generalitat y el Ayuntamiento deberían haber previsto las medidas sociales posteriores".
Desde el IVVSA recuerdan que han cumplido con su obligación y que la mayoría de las 46 órdenes de desahucio (algunos habían abandonado antes la casa); fueron por mala convivencia o por no ser los titulares. Al respecto, insisten en que las viviendas tenían siete años y es necesaria una rehabilitación por valor de 3 millones de euros, lo que evidencia las condiciones de inhabitabilidad en las que residían las familias.
