Tensión en el desalojo del «callejón de la muerte»

Cien policías nacionales y locales desalojaron ayer por orden judicial a las 40 familias que vivían en el denominado "callejón de la muerte", en el barrio Virgen del Carmen, considerado el mayor foco de delincuencia de la provincia. Doce de las familias fueron realojadas

SYLVIA ESCRIBANO A primera hora de la mañana de ayer un centenar de agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Local de Alicante tomó el barrio Virgen del Carmen para desalojar por orden judicial las 65 viviendas (de las que 25 estaban vacías); de la calle Diputado Joaquín Galant, conocida como "callejón de la muerte" y considerada policialmente como el foco de delincuencia y tráfico de drogas más conflictivo de la provincia. Un total de 40 familias -unas 200 personas- fueron desahuciadas por no ser los titulares de las viviendas protegidas que ocupaban, así como por impagos, insalubridad y comisión de delitos como la venta de estupefacientes. Sólo doce de estas últimas fueron realojadas -algunas previamente a la operación policial- en otras casas al haberlas ocupando de forma legal y no haber provocado problemas de convivencia. El objetivo es rehabilitar los cuatro bloques y volver a adjudicar los pisos en régimen de alquiler con opción a compra a otras personas que las necesiten y las hayan solicitado, según explicaron fuentes del Instituto Valenciano de Vivienda (IVVSA);.
Durante el desalojo fueron detenidas cuatro personas, tres por causas pendientes con la justicia y una por resistirse a abandonar la vivienda que ocupaba. Las escenas de nerviosismo se sucedieron entre los afectados, pero no se produjeron grandes altercados, confirmaron fuentes policiales. Al abrir las viviendas, por las buenas o derribando la puerta, los agentes se encontraron en algunas de ellas con un hedor insoportable, con toxicómanos que acababan de tomar su dosis, casas llenas de basura, jeringuillas, restos de papelinas de droga, paredes y ventanas rotas, cables eléctricos sueltos con los que se conectaban fraudulentamente a la red de alumbrado, tuberías rotas, puertas acorazadas con ventanillas para vender estupefacientes y animales de granja como gallinas o conejos.
Pese a tratarse de una de las zonas conocidas por su peligrosidad y la venta de droga al menudeo, los agentes no intervinieron estupefacientes a los desalojados durante los registros y cacheos practicados, según las mismas fuentes policiales. Tampoco se incautaron armas de fuego, sólo alguna katana, pese a que en el barrio ha habido varios tiroteos entre clanes en los últimos años. El más sonados, entre los Capito y los Molí.
Mientras los afectados -entre los que había niños, ancianos y embarazadas- abandonaban sus casas, un grupo de operarios les ayudaba a bajar sus pertenencias. Otros trabajadores cercaban el acceso a los cuatro bloques -unidos por espacios comunes- con una valla metálica de tres metros de altura para impedir que las viviendas vuelvan a ser ocupadas. Seis de las familias recibieron la orden de desahucio pasadas las dos de la tarde y a las 17.30 horas la Policía cerró el acceso a los bloques y varias unidades permanecieron en la zona durante toda la noche. En la calle, las personas desalojadas gritaban y se lamentaban de haberse quedado sin techo y, salvo algunas escenas de nerviosismo y gritos, no se produjeron altercados que obligasen a los agentes a intervenir. Por la tarde, algunos cortaron el tráfico en las calles de alrededor del "callejón de la muerte", pero no se produjeron más detenciones, confirmaron fuentes policiales.
Durante lo que dure la rehabilitación de los inmuebles, vigilantes privados controlarán el interior del recinto, mientras efectivos policiales patrullarán por los alrededores del barrio, anteriormente conocido como Mil Viviendas. Fuentes del Cuerpo Nacional de Policía aseguraron que el proceso durará alrededor de un mes.
Desde el IVVSA explican que las viviendas se adjudicaron en régimen de alquiler con opción a compra hace aproximadamente siete años, pero la mayoría de propietarios las había abandonado posteriormente, lo que facilitó la ocupación ilegal de los domicilios por otras familias. Antes de la operación policial, veinticinco de las casas permanecían vacías y de las cuarenta habitadas, sólo los residentes en doce de ellas fueron realojados. El resto deberá iniciar el proceso para solicitar formalmente una vivienda protegida y acreditar que cumple con los requisitos.
De momento, las familias que residían de forma ilegal en el "callejón de la muerte" se han quedado en la calle o han sido acogidas por familiares. Algunas aseguraron que se verían obligadas a pasar la noche al ras con niños pequeños y ancianos.
No obstante, desde el Instituto de la Vivienda aseguran que todas estaban avisadas del desalojo desde hacía ocho meses y el proceso para llevarlo a cabo se inició años antes. No obstante, indicaron que no se había comunicado oficialmente que se iba a practicar en la mañana de ayer para evitar un problema grave de seguridad.
El IVVSA procederá ahora a la rehabilitación de los cuatro bloques e invertirá en ello 3 millones de euros. Al respecto, recuerdan que se encuentran muy deterioradas y son inhabitables pese a ser relativamente nuevas. Ese es el principal motivo por el que se ha llevado a cabo el desalojo masivo de todas las casas de este foco de delincuencia.