EFE
Este dato ha sido ofrecido en rueda de prensa por la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Leire Pajín, y la subdelegada del Gobierno en Alicante, Encarna Llinares, tras reunirse con una treintena de alcaldes afectados para informarles del último expediente de ayudas, publicado ayer en el BOE.
Éste contempla pagar la mitad de los daños en infraestructuras municipales por un montante de 20 millones de euros, y a partir de ahora los municipios tienen dos meses para presentar sus solicitudes ante la propia Subdelegación del Gobierno o la Diputación.
De los 3.647 expedientes de solicitud de ayudas recibidos hasta hoy, se ha comprobado que 1.246 son relativos a daños en explotaciones o en infraestructuras agrarias.
Del resto, 1.306 se refieren a ayudas familiares, 323 a establecimientos comerciales, 268 por daños en vehículos, 117 a comunidades de propietarios, 17 a corporaciones locales y 1 por la única víctima mortal de El Vergel, a causa de la crecida del río Girona.
Por municipios, el que más peticiones ha formalizado ha sido Xábia, con 635, seguido por Els Poblets (449);, Calpe (413);, El Vergel (176);, Pego (78);, Altea (50);, Beniarbeig (47);, Dénia (30);, Ondara (19); y El Campello (9);, entre otros.
Pajín ha explicado que el Gobierno dedica 33,5 millones de euros a la inspección y los trabajos realizados por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ); y 24,3 por el Ministerio de Medio Ambiente (16,2 para obras de emergencias y 8,1 para la reparación de daños en playas y otras infraestructuras en el dominio marítimo-terrestre);, a los que se suman los citados 20 para infraestructuras municipales.
A esas cantidades, también hay que añadir la partida correspondiente al Ministerio del Interior a partir de las 3.647 solicitudes de las ayudas, aunque la cifra todavía no ha sido estimada.
Pajín ha manifestado que la reunión con los alcaldes ha sido "útil" y que éstos han valorado especialmente los 20 millones de euros para sufragar la mitad de las infraestructuras municipales dañadas, cuantía que calificó de "sin precedentes".
Tras el encuentro de trabajo con los alcaldes, Pajín ha manifestado que han acordado volver a reunirse en un futuro próximo para tratar de establecer los mecanismos de prevención adecuados con el fin de evitar consecuencias parecidas en caso de episodios de lluvias intensas.
No obstante, la secretaria de Estado ha recordado que en 2007, antes de las lluvias torrenciales, el Gobierno había gastado 1.766.000 euros en la limpieza de los cauces de la zona, una cantidad muy superior a los 196.000 que se dedicaban para tal fin en 2002.