E
l Ministerio del Interior controla el cumplimiento de las condenas de localización permanente de alrededor de 150 penados de la provincia a través de sistemas que utilizan la tecnología GPS, como las pulseras telemáticas, y el reconocimiento por voz. Así lo indicó a este diario el responsable de la Subdirección General de Medio Abierto y Medidas Alternativas de Instituciones Penitenciarias, José Ignacio Bermúdez, quien destacó además la progresiva implantación de estos programas en la provincia, dado "el elevado nivel de eficacia" que están registrando desde que comenzaron a aplicarse en España.
Las penas de localización permanente entraron en vigor con la reforma del Código Penal que se hizo efectiva en octubre de 2004 para, entre otros fines, potenciar las medidas alternativas a la cárcel en aquellos casos en los que la falta cometida "no es grave ni genera alarma social", precisó Bermúdez.
En un principio, el control del cumplimiento de estas medidas, asociadas a los antiguos arrestos domiciliarios, recayó sobre la Policía, fundamentalmente la Local, pero consciente de la sobrecarga de trabajo que soportan los agentes, el Gobierno pronto vio que sería difícil que pudieran cubrir este servicio con plenas garantías sin más ayuda, por lo que se precisarían otros métodos complementarios.
Y ahí es donde entraron en juego las nuevas tecnologías que, con el tiempo y a juzgar por los resultados positivos, según Bermúdez, se han convertido en un valioso instrumento para Instituciones Penitenciarias. Para la instauración en España del sistema de control por reconocimiento de voz se convocó, hace ahora cuatro años, un concurso de adjudicación que ganó la empresa israelí Electronic Monitoring Technologies (Elmotech);, especializada en el desarrollo y la fabricación de sistemas electrónicos de vigilancia para aplicaciones de cumplimiento de la ley.
"El funcionamiento es sencillo", dice José Ignacio Bermúdez, quien explica que "el penado graba varias frases en un sistema informático que luego debe repetir cada vez que un ordenador, de forma aleatoria y en varias ocasiones a lo largo del día, llama a su casa". Si el procesador no reconoce la voz de la persona, entonces salta una alarma en Instituciones Penitenciarias y en la sede del cuerpo policial encargado de su vigilancia, por lo que hay "un doble control", apunta el subdirector general de Medio Abierto.
Aunque reconoce distintos tonos vocales del usuario, el programa tiene, no obstante, un margen de error "porque no es igual tu voz a las nueve de la mañana que a las once de la noche", añadió.
En el caso de las pulseras telemáticas, que se pueden colocar en la muñeca o en el tobillo del penado, se activan cuando éste entra en su domicilio, donde previamente se ha instalado un dispositivo "a efectos de saber si cumple el horario de permanencia que se le haya fijado". Si se produce una infracción o se intenta quitar el artilugio, la central en Madrid y la delegación provincial de los servicios sociales penitenciarios reciben el aviso.
La aplicación de estos sistemas voluntarios de vigilancia telemática también para los reclusos de tercer grado, que disfrutan de un régimen de semilibertad, "además de beneficiar la reinserción social", según los coordinadores de estos programas, "permite liberar espacio en las saturadas cárceles españolas".
Precisamente, el centro penitenciario Alicante II ubicado en Villena comenzó el pasado año a emplear las pulseras de localización permanente con GPS para controlar los movimientos de los internos que disfrutan de permisos carcelarios. En la prisión de Fontcalent, este sistema se probó por primera vez en abril de 2002. En mayo de 2007 en la provincia ya había 54 reclusos de tercer grado cumpliendo condena fuera del presidio gracias a estos dispositivos telemáticos.
Plazas de trabajos comunitarios
La Subdirección General de Medio Abierto y Medidas Alternativas también se encarga de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad. Preguntado por la escasez de plazas para el cumplimiento de estas condenas en la provincia, que ha empeorado ante el aumento en su demanda a raíz de la reforma penal en materia de tráfico, José Ignacio Bermúdez señaló que el problema "no está tanto en el número disponible como en su gestión".
En este sentido, el coordinador recordó que estos trabajos, cuya jornada legal máxima es de 8 horas, "hay que pactarlos con el penado y, la mayoría, por cuestiones laborales y familiares, elige hacerlos en fin de semana". Ante esta situación, subraya Bermúdez, "estamos proponiendo que se hagan entre semana y con menos horas, medida que los jueces están aprobando". El responsable no supo cifrar la cantidad de plazas hábiles en Alicante, donde el déficit está obligando a computar jornadas enteras de trabajo por la realización de sólo dos horas.
