La subdelegada del Gobierno en Alicante, Encarna Llinares, ha explicado que, en aplicación de la Ley de Extranjería, ayer mismo se firmó el expediente de devolución de estos seis hombres a su país, aunque por el momento siguen en dependencias policiales de la ciudad.

Los seis inmigrantes, de entre 20 y 35 años, llegaron en buen estado de salud tras viajar en una embarcación rígida de cuatro metros de eslora y dotada con un motor de 70 caballos, y ser localizados inicialmente cerca de las costas de Baleares.

Llinares ha aclarado que los inmigrantes, que según todos los indicios podrían ser argelinos, fueron trasladados hasta Alicante debido a que la embarcación que los avistó dio aviso a Salvamento Marítimo de esta ciudad y no por otro motivo, ya que se desconoce la ruta que seguían.

Preguntada por la posible existencia de un barco nodriza, la subdelegada ha manifestado que desconoce que la investigación apunte a esa posibilidad y que no le "consta" que en la embarcación pudiera haber sustancias estupefacientes.

En cuanto a la implantación del Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE); en la provincia, aprobado en julio de 2007 por el Gobierno por más de 8 millones de euros, ha recordado que se cuenta con una instalación móvil que debe ser complementada con cuatro infraestructuras fijas.

A este respecto, ha comentado que uno de los municipios escogidos es l'Alfás del Pi, en la Marina Baixa, que en un pleno municipal celebrado en octubre autorizó la instalación a expensas del preceptivo estudio de impacto ambiental a cargo de la Generalitat Valenciana.

Sin embargo, Llinares ha lamentado que, cuatro meses después, el consistorio no tenga "constancia" de que la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda les haya contestado para darles el visto bueno.

Por ello, en su opinión, "no es de recibo" que el conseller de Gobernación, Serafín Castellano, haya culpado en los últimos días al Gobierno central de que el litoral de Alicante siga sin contar con radares fijos.

Ha insistido en que el Ejecutivo central los ha adjudicado y que sólo falta la autorización de la Generalitat, una actitud que calificó de "bloqueo" por parte de la Administración valenciana, a la que ha instado a que "acelere los trámites en un asunto tan importante".