F. J. B.
L
a falta de acuerdo entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó sobre la calidad del agua del trasvase y, por ende, sobre el punto de toma de los caudales -el Ministerio no da su brazo a torcer e insiste en el Azud de la Marquesa- amenaza con convertir el embalse de San Diego (Villena); en una infraestructura fantasma donde es posible que nunca llege el agua del Júcar. Acuajúcar ha finalizado las obras del que pasa por ser el tercer "pantano" de la provincia tras los de la Pedrera y Beniarrés, y el primero artificial destinado a regular las aguas que deben llegar desde el Júcar para su reparto posterior por las comarcas del Vinalopó y l´Alacantí. Un embalse que ha costado más de 12 millones de euros y que forma parte del denominado tramo VII del proyecto original, uno de los que fue respetado por Medio Ambiente cuando decidió modificar unilateralmente el trasvase desplazando la toma del agua de Cortes de Pallás al polémico Azud de la Marquesa.
El embalse o balsa de San Diego -denominación inicial- se ubica en las proximidades de la estación hidroeléctrica de Alhorines, a unos diez kilómetros de Villena, y su función es regular los caudales que lleguen desde el Júcar. Tiene una capacidad de 20 hm3 y se ha construido sobre una superficie de 100 hectáreas. El problema radica en que el proyecto que ejecuta Acuajúcar preveía que la conexión del embalse con otro más pequeño de Villena, desde donde iniciar el reparto del agua, la ejecutara el Consell que se niega a construir la tubería mientras no se resuelva el contencioso sobre la calidad del agua. La Junta Central -a excepción de una comunidad de regantes de Monóvar y otra de Agost- se mantiene firme y apoya la decisión de la Conselleria de Medio Ambiente. Acuajúcar ha asegurado que si la Generalitat mantiene la negativa asumirá el proyecto, algo prácticamente imposible porque no tiene las competencias. El diputado socialista Carlos González volvió ayer a defender la toma del Azud de la Marquesa durante una visita a Aspe. González reclamó al Consell que intervenga si considera que el agua del Júcar es peligrosa.
Por otro lado, un portavoz autorizado de la Conselleria de Medio Ambiente aseguró ayer que la tramitación de la Declaración Ambiental Integrada de la desalinizadora Alicante II continúa su ritmo y que no habrá problemas para que la planta funcione cuando acaben las obras. "El tema es diferente al de la desalinizadora de Torrevieja". En este sentido, la empresa adjudicataria de la exposición informativa sobre la desalinizadora de Torrevieja presentó ayer en el Ayuntamiento un recurso de reposición al alcalde, Pedro Hernández Mateo, contra la orden de clausura inmediata del establecimiento que se les comunicó el lunes.