F. J. B.
La Plataforma de Afectados por la Ley de Costas -cinco mil personas en la provincia- han pedido a los partidos políticos mayoritarios en las Cortes Valencianas -PP y PSOE- la creación de una comisión que investigue cómo se está aplicando la ley de Costas en la Comunidad Valenciana y en concreto en la provincia de Alicante, donde el trazado de los nuevos deslindes ha situado en zona de dominio público marítimo-terrestre a unas 1.300 viviendas que están amenazadas de derribo. Los afectados exigen que el Ministerio de Medio Ambiente no aplique la legislación en vigor desde 1988 con carácter retroactivo tras el fracaso del primer contacto oficial mantenido con un portavoz autorizado de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana. La ministra Cristina Narbona ha negado que se esté aplicando la ley con carácter retroactivo, algo que desmiente la plataforma con ejemplos como los de Arenales del Sol o varios restaurantes en la costa de Valencia. Los afectados lamentan que "los políticos hayan dejado todas las competencias sobre las playas en manos de ingenieros de caminos".
Por otro lado, España ha firmado un protocolo con 14 países ribereños del Mediterráneo para preservar edificaciones e infraestructuras en una línea de cien metros desde la orilla del mar, lo que puede agravar aún más la situación de los afectados por los deslindes. Los países son Israel, Italia, Malta, Mónaco, Montenegro, Marruecos, Túnez, Eslovenia, Albania, Argelia, Bosnia-Herzegovina, Croacia, Siria y España.
La plataforma va a pedir amparo a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y ya se ha iniciado una campaña en la UE. El rotativo británico "The Times" publicó el pasado día 20 un reportaje en el que denunciaba que el sueño de muchos ciudadanos ingleses por contar con una vivienda en la costa española se estaba convirtiendo en un infierno por la aplicación de la Ley Urbanística Valenciana y por los deslines de la Ley de Costas. Cien mil ciudadanos ingleses tienen una casa en propiedad en la Costa Blanca. El 65% de las viviendas amenazadas de derribo en España se distribuyen a largo de la franja litoral de la provincia, según costa en el informe que la plataforma de afectados.