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os maestros logopedas de Audición y Lenguaje que atienden al alumnado que padece este tipo de patologías -aproximadamente entre un 7% y un 10% del total de los escolares de la provincia según datos extraídos de los servicios psicopedagógicos- han denunciado que la Conselleria de Educación les está desviando hacia centros concertados sin que previamente esté cubierta su función en los colegios públicos.

La Junta provincial docente -que representa a la totalidad del profesorado a través de los distintos sindicatos de enseñanza- ha hecho suya esta semana la reclamación de los profesionales de los servicios psicopedagógicos escolares (SPE); y ha solicitado formalmente ante el director territorial de Educación que "se atiendan debidamente las necesidades de los alumnos de audición y lenguaje en los centros públicos, y no se resten recursos para atender las necesidades de otros centros que han de tener su propio sistema de provisión".

En algunos SPE de la provincia -hay una docena de unidades que coordinan la labor de más de la mitad de todos los logopedas escolares- se han empezado a negar a acudir a los centros concertados si previamente no se les notifica por parte de la inspección educativa por escrito. Entienden que como funcionarios públicos no se les puede derivar a centros cuya titularidad es privada pese a que exista un concierto educativo "cuando existen graves carencias en la atención a colegios públicos de enseñanza Infantil y Primaria", sostienen.

En la actualidad el número de logopedas ronda los 170 en la provincia, de los que un centenar están adscritos a los SPE y el resto son nombrados directamente por Educación en colegios determinados. Los propios servicios psicopedagógicos consultados admiten que en sus unidades no tienen capacidad para coordinar la atención de los profesionales que tiene su plaza en los centros y que esta situación acrecienta la "falta de organización y de distribución de los recursos humanos disponibles para la atención a los niños con necesidades educativas especiales en el lenguaje".

Para los sindicalistas en la Junta provincial esta circunstancia da lugar a "un procedimiento poco transparente de la atención logopédica en colegios públicos que entran dentro del ámbito de actuación de los propios SPE". En la práctica hay centros que pasan alternativamente de ser atendidos por logopedas dirigidos desde el SPE a los que tienen plaza en los colegios, y unas veces comparten centro y otras no "sin que se determinen las razones para que se den estas alternancias", tal y como recoge la resolución que los sindicatos han elevado a la Conselleria de Educación a través del director territorial. Por otra parte recuerdan que esta situación entra en conflicto con el Estatuto del funcionario porque al ser empleados públicos "su labor no tiene amparo legal en un centro de titularidad privada, pese al concierto", afirman.

La gravedad de los casos fija los destinos

En la Conselleria de Educación replican a la queja de los logopedas generalizando la premisa de que "cualquiera de los servicios puede siempre estar mejor dotado de personal". Prefieren considerar que la denuncia de los servicios psicopedagógicos de la provincia de Alicante "debe responder a esta premisa porque lo que es la atención a los alumnos, sean de centros públicos como de centros concertados, responde exclusivamente a la gravedad de los casos" -los recursos disponibles y la prioridad-. Por otra parte añaden que los centros concertados están sostenidos con fondos públicos, y que tal y como establece la normativa de aplicación de la Educación Especial les corresponde la atención en Audición y Lenguaje fijada por Educación.

Reiteran desde la Administración que la normativa de los SPE ampara la prestación del servicio psicopedagógico "en el ámbito también de los centros concertados", al margen de que a los centros privados que conciertan una unidad de apoyo a la integración se les permita un profesional de Pedagogía terapéutica.