L
a Sala de lo Penal del Tribunal Supremo estudia desde ayer la anulación del segundo juicio por el motín de Fontcalent solicitada por las defensas de siete de los condenados en una vista celebrada ayer. El primer juicio por la revuelta fue anulado por este tribunal porque los acusados fueron juzgados por videoconferencia desde la cárcel. En el segundo juicio, las actas de la vista anulada por el Supremo habían sido incluidas en el expediente. Por este motivo, el abogado Enrique Botella, que defiende a dos de los cabecillas de la revuelta (Antonio Cortés y Manuel Pinteño);, ha pedido la nulidad del nuevo juicio alegando que se vulneraron los derechos fundamentales de los procesados. Siete de los once condenados en el juicio del motín de Fontcalent se sumaron al recurso ante el Supremo en la vista celebrada ayer.
Los hechos ocurrieron en noviembre de 1990 cuando un grupo de reclusos se amotinó en la prisión de Fontcalent para exigir mejoras en su situación. En el transcurso de la revuelta fueron secuestrados varios funcionarios, y uno de los reclusos fue asesinado para presionar a la Administración en las negociaciones. Once de los doce procesados fueron condenados a penas que sumaban más de 500 años de prisión por setenta delitos. Las defensas anunciaron que apelarían y ayer se celebró la vista en el Supremo, dos años después del segundo juicio.
La Fiscalía pidió ayer al Supremo que confirmara la condena para los procesados, mientras que el abogado del Estado pidió que absuelva a Instituciones Penitenciarias de tener que pagar la indemnización a la familia del recluso argelino asesinado como responsable civil subsidiario, tal y como falló la sentencia de la Audiencia.
Según Botella, las actas del juicio anulado por el Supremo estaban incluidas en el expediente judicial y, de hecho, el fiscal llegó a preguntar sobre algunas de las declaraciones en el juicio anterior. Además, algunos de los funcionarios de prisiones secuestrados acudieron a testificar con copias de sus declaraciones en la vista anulada. Sin embargo, a los abogados se les denegaron preguntas sobre el juicio anterior, así como solicitudes de informes médicos. A juicio, del letrado estos hechos justificarían que la vista oral tenga que ser anulada otra vez.
El abogado esgrime también como causa de nulidad el despliegue de seguridad en la sala del juicio que han podido mostrar una predisposición negativa de los acusados al tribunal. "Se les ha presentado como personas muy peligrosas cuando la realidad es que los largos años en prisión han hecho mella en ellos y muchos padecen graves enfermedades", dijo.
El abogado planteó que no ha quedado acreditada la participación de Antonio Cortés en todas las detenciones ilegales de los funcionarios, ni su participación en el asesinato del recluso argelino. De todas maneras, para el letrado concurre la existencia de dilaciones indebidas, al haber pasado más de 16 años desde que ocurrieron los hechos y los delitos estarían ya prescritos. Por último, plantea que los acusados actuaron por estado de necesidad, debido a las condiciones extremas en las que se encontraban en prisión.
La vista se prolongó por espacio de tres horas y la causa quedará vista para sentencia. Los magistrados del Supremo deberán deliberar sobre si aceptan o no las alegaciones planteadas por el abogado o si, por el contrario, respaldan la actuación de la Audiencia Provincial y confirman las condenas impuestas en su día.
