F. J. B.
E
l catedrático de Geografía Regional y miembro del Instituto de Geografia de la UA, Antonio Rico, compartió ayer el dictamen del comité de expertos del Ministerio de Medio Ambiente cuestionado la desalinización de agua del mar como principal solución al déficit de recursos hídricos de la provincial. "La postura del Instituto ha sido siempre clara en el sentido de que la desalinización tiene que ser un complemento y no la única solución como parece que han querido imponer desde Medio Ambiente. Las propias condiciones orográficas de la provincia de Alicante hacen inviable el aprovechamiento del agua desalinizada. Llevar agua más allá de 20 kilómetros de donde se encuentran la planta es una burrada técnica y económica". Rico recordó que el metro cúbico de agua desalada sale a 0,7 euros el metro cúbico "a pie de planta y a partir de ahí se elevan los costes".
El catedrático advirtió de que "el agua desalinizada nunca solucionará la infradotación hídrica que sufren los regadíos de la provincia, ni servirá para recuperar los acuíferos sobreexplotados". Rico apeló por "mantener el trasvase Tajo-Segura, un Júcar-Vinalopó que traiga agua de calidad y del Ebro".
"Alicante no es Arabia Saudi y, por supuesto, no puede pagar la factura eléctrica para hacer frente a la potabilización del agua", subrayó Rico, para quien "la desalinización masiva no ese, por supuesto, la panacea para la provincia aunque sí que sirva, por ejemplo, para abastecer a los municipios turísticos".
Por su parte, Andrés Martínez, presidente de la Junta Central de Usuarios del Júcar-Vinalopó, señaló que "siempre hemos abogado por un conjunto de soluciones para paliar la falta de agua, la desalación es válida dentro del conjunto de soluciones en la que también figuran los trasvases. Regar con agua desalinizada no es operativo".
Alicante cuenta con unos recursos hídricos anuales de unos 800 hm3 al año de los cuales 365 hm3 corresponden a aguas subterráneas. Estos recursos presentan a veces altos contenidos en sales que impiden su uso en suministros urbanos y agrícolas, sobre todo cuando se extraen de acuíferos sobreexplotados con bombeos muy superiores a las entradas. La esquilmación de los acuíferos afecta, sobre todo, a los ubicados en el Vinalopó, franja litoral de la Marina Alta y Vega Baja, donde se concentra el 50% de los recursos subterráneos y donde el problema es más grave.
La situación más insostenible se produce en el Vinalopó, donde existen 15 acuíferos sobreexplotados. A pesar de ello, tan sólo se declararon "provisionalmente sobreexplotados", en julio de 1987, los acuíferos de Sierra de Crevillente y Jumilla-Villena, y casi 21 años después siguen sin sustituirse los bombeos de dichos acuíferos con aguas de calidad para atender las demandas. Según las investigaciones llevadas a cabo por el catedrático Antonio Rico, existen acuíferos como los de la Sierra de Crevillente, Quibas, Serral-Salinas o Sierra del Cid, cuyas reservas están en vías de agotamiento definitivo. En Sierra de Crevillente, con entradas de 2,8 hm3/año y salidas de 12,7 hm3/año, hay suministros urbanos comos los de Hondón de las Nieves, La Canalosa, Hondón de los Frailes y Barbarroja, que dependen de recursos situados a más de 500 metros de profundidad, con salinidad superior a 1.800 mgr/l y altos contenidos en sulfatos, sodio y hierro. Rico recuerda, por ejemplo, que "a principios de la década de los 50 las aguas manaban en superficie en el Tunel de los Suizos y hoy en algunos sectores la profundidad alcanza los 595 metros".