Los miembros del consejo de Caja Alcoy declaran que el director tenía potestad para conceder créditos

EUROPA PRESS Todos los miembros del Consejo Rector de Caja Alcoy, acusados de la presunta quiebra fraudulenta de la entidad, coincidieron hoy en declarar ante la sección tercera de la Audiencia Provincial de Alicante que el director general de la entidad, que también está acusado, tenía potestad para conceder los créditos sin pasar por el consejo.

Los integrantes de la Caja realizaron estas declaraciones durante sus comparecencias en la segunda sesión del juicio por la presunta quiebra fraudulenta de la entidad, 14 años después de que ocurriera, que se desarrolló durante la mañana y la tarde de hoy miércoles con normalidad. Tal y como ocurrió ayer, los acusados fueron recibidos entre gritos e insultos de afectados, aunque hoy el número de personas que acudió a las puertas del tribunal fue menor y los ánimos estaban más calmados que en la primera sesión.

Durante la jornada de hoy, declararon ante la Sección Tercera el director general, J.L.F.; la subdirectora, M.L.C.; el director de una sucursal e hijo del director general J.L.L.J; y dos miembros del consejo rector, M.R.B. y A.L.L.C. Todos ellos están acusados tanto por el Ministerio Fiscal, como por la acusación particular. Además, declararon otros cinco miembros del Consejo Rector, en este caso sólo acusados por la acusación particular y que son S.C.A.; M.C.R.L.; A.L.B.; J.G.M.; J.R.B. y J.B.G.

En sus declaraciones, todos los miembros del consejo coincidieron en señalar que el director general de la entidad, J.L.F., tenía potestad para conceder préstamos de hasta 78.000 euros sin necesidad de pasar por el consejo, que no podía decidir sobre este tipo de operaciones, ya que era informado posteriormente cuando ya estaban hechas.

Así, J.R.B. argumentó que tenían "plena confianza" en la actuación del director general, cuando este aseguraba que los préstamos se estaban dando con garantías de solvencia. Además, aseguró que el director trasladaba al consejo que la situación de la entidad era "buena" y esto "venía avalado por las auditorías favorables". Por ello, según dijo, no tenían motivos aparentes que les llevaran a desconfiar de la actuación de "un profesional de la banca".

De igual modo, J.G.M. explicó que durante las reuniones los consejos rectores J.L.F. les mostraba un listado en el que figuraba el nombre, el importe y el tipo de préstamo que se había concedido en los periodos comprendidos entre consejo y consejo.

Por su parte, S.C.A., que fue secretario del consejo rector y contra el que fiscal tampoco ha elevado acusación, al igual que los otros dos anteriores, resaltó que pese al cargo que tenía dentro del consejo no levantó actas de las sesiones. También indicó que el director general informaba de que la situación iba bien.

En este sentido, recordó que cuando les comunicaron que se iba a abrir un proceso de suspensión de pagos, él pidió la palabra, exigiendo explicaciones de cómo se había llegado a esta situación, cuando el mes anterior en la Asamblea General de Accionistas se informó de que "todo iba bien".

"PRESIONES".

Por otro lado, el director general de la entidad, J.L.F., aseguró que la caja iba bien pero que desde el Banco de España "presionaban para que se fusionaran o amenazaban con difundir una noticia que iba a ser muy negativa para la caja".

Así mismo, defendió su gestión y aseguró que los préstamos que se concedían con las debidas garantías y que no se concedieron préstamos a personas que tenían ya otros en curso y que todavía no los habían cancelado.

En el caso de su hijo y director de una sucursal también acusado, el fiscal le preguntó cómo era posible que le hubieran concedido entonces, un segundo préstamo sin haber pagado el primero. Además, también le pidió explicaciones por un tercer préstamo concedido por la caja un día antes de la suspensión de pagos y cuyo montante ascendía a más de 50.000 euros, unos 15.000 más de lo que ya tenía pendiente de pago, según la fiscalía.

A este respecto, se mostró convencido de que el primer préstamo ya estaba pagado y expuso que el último de los préstamos se hizo para evitar que la cuenta quedara en números rojos y así "legalizar una cosa que estaba en números rojos y que el responsable fuera mi hijo". En esta línea, esgrimió que tras la suspensión de pagos resultaría más fácil cobrar ese dinero al legalizar la situación con el préstamo.

Por su parte, la subdirectora de la caja destacó que intervino en algunos préstamos porque el director le decía que firmara y que no se negó porque era su superior. Así, a modo de ejemplo, aseguró que se negó a firmar el tercer préstamo del hijo del director general porque "no veía claro el conceder la operación porque era demasiada cantidad".

Además, sobre los préstamos firmados por ella, destacó que el director general le dijo que "debería firmarlo" ella, puesto que se trataba de un préstamo para su hijo. Además, insistió en su "confianza" en la gestión del director, dadas las auditorías, que no reflejaban ningún problema.

Finalmente, el director de la sucursal e hijo del director general alegó que había pagado todos los créditos antes de solicitar otro, aunque no tenía "justificación de los pagos". Coincidió en las palabras de su padre sobre los motivos de la concesión del último de los préstamos, alegando que era mejor de este modo que con una cuenta al descubierto. Por último, J.L.L.J sostuvo que no firmaba créditos para sí mismo, sino que tramitaba la solicitud en condiciones de igualdad.

Durante la tercera sesión del juicio, que se celebrará mañana jueves, se iniciarán las pruebas testificales, que se prolongarán en los días sucesivos hasta escuchar el testimonio de más de 35 personas.

El fiscal pide para cada uno de los acusados, cinco en total, seis años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, inhabilitación especial para profesión y oficio relacionado con la actividad propia de las entidades de crédito durante el tiempo de la condena, multa de 24 meses, con cuota diaria de 500 euros, con aplicación del artículo 53 del Código Penal, en su caso, y costas.

Además, establece que los acusados deberán indemnizar conjunta y solidariamente a la mesa de los acreedores de la entidad quebrada con la cantidad de 2.645.911 euros, que es el resultado de restar a la morosidad de la caja cuando presentó la suspensión, un total de 3.770.828, la cantidad de 1.124.917 euros recuperados por la administración de la quiebra.

Por su parte, los afectados, que ejercen la acusación particular, piden 40 años de cárcel, ya que incluyen en sus acusaciones a todos los miembros del consejo rector de la entidad alcoyana, algunos de los cuales no han sido acusados por el fiscal. Además, acusan a los imputados de un delito societario y otro de apropiación indebida y también del de insolvencia punible. Asimismo, solicitan más de cuatro millones de euros en concepto de responsabilidad civil subsidiaria.